viernes, 5 de junio de 2015

Última Hora: La Presidencia Federal de IU aprueba el informe de Cayo Lara y el documento hacia la Unidad Popular de Alberto Garzón con el 91% de apoyo.


Elecciones 24MEl candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, planteó ayer al partido su propuesta para sacar a la formación de la grave situación en la que se encuentra tras la irrupción de Podemos, que le roba casi todo su espacio político. Garzón apuesta por que IU concurra a las generales en candidaturas de unidad popular similares a Barcelona en Comú o Ahora Madrid. “La convergencia es el único camino”, dijo ayer ante una Presidencia Federal que cerró filas en torno a su joven líder: la propuesta de Garzón fue refrendada por el 91% de los votos. El coordinador general, Cayo Lara, se alineó con su tesis, aunque pidió que las bases “tengan la última palabra”.
Alberto Garzón ha diseñado un plan para salvar a IU de la muerte política con que la amenaza Podemos: el candidato de la coalición ha convencido a la mayor parte de su formación de que no habrá supervivencia ni futuro sin integrarse, para las elecciones generales, en candidaturas de “unidad popular” con el resto de fuerzas de la izquierda, como las que han logrado éxito en las municipales en Madrid y Barcelona. Así lo planteó ayer ante la Presidencia Federal, máximo órgano ejecutivo, donde afirmó que la convergencia “es la tarea número uno de IU. No tenemos nada más prioritario o esencial”, sostuvo. “Nos jugamos mucho, pero no nosotros, no IU, sino la gente corriente y sencilla”, dice en el documento que presentó ante los 70 dirigentes de la Presidencia, titulado Hacia la unidad popular.
La estrategia de Garzón incluye una oferta a Podemos y al resto de fuerzas a la izquierda del PSOE para, con el modelo de Ahora Madrid y Barcelona en Comú, construir una candidatura para las generales “desde la cooperación, no desde la imposición”. Barcelona en Comú se registró bajo este nombre como una coalición de partidos, todos con su marca e identidad propias, mientras que Ahora Madrid es un partido instrumental y jurídicamente no está integrado por otros partidos. Garzón estaría conforme con ambas fórmulas.
“Hablamos de la posibilidad de ganar las elecciones generales”, arengó el candidato. El dirigente, de 29 años, se ofrece a ceder la cabeza de lista de esa eventual candidatura y plantea que las siglas de IU puedan desaparecer de la papeleta. “Yo podría no ser el candidato si la gente lo decide. No hay ningún miedo”, aseguró ayer, dispuesto a enfrentarse en primarias contra Pablo Iglesias si fuera necesario. A Iglesias le pidió “generosidad”: “Sé que Pablo, al que tengo un aprecio personal y le considero un político brillante, va a saber leer el momento político”. Con él y con otros líderes, como Xosé Manuel Berias (de Alternativa Galega de Esquerda) o Juan López de Uralde, de Equo, tratará de reunirse en las próximas semanas.
Garzón puso límites a su propuesta. El fundamental, que no se integrarán en una candidatura que lidere Podemos y cuya marca sea Podemos. “IU no va a desaparecer, no se va a diluir, mantendrá su autonomía”. De frustrarse esa candidatura conjunta, IU seguiría presentándose en solitario a las generales, o bien con otras fuerzas de izquierdas que no sean Podemos, como ha hecho el 24-M. Garzón confía en su propio liderazgo y carisma como líder político. Y considera que en solitario, en unas elecciones presidencialistas como serán las generales, él tiene opciones de al menos “salvar los muebles”, según fuentes de su entorno.
La coalición de izquierdas quiere tener definidas las alianzas con otras fuerzas antes de agosto. El plan de actuación política aprobado ayer establece que el proceso de confluencia estará coordinado por Adolfo Barrena, secretario de Organización, José Luis Centella, coordinador de Presidencia, y Alberto Garzón, como encargado de Proceso Constituyente.  Culminará a finales de julio con la celebración de un Consejo Político que lo valide.
Enlace permanente de imagen incrustadaEl dirigente de IU ha logrado aunar a la mayor parte de la organización en torno al objetivo de la confluencia, algo casi inédito en una formación conocida por sus conflictos internos. El proyecto del candidato a la presidencia es compartido también por el coordinador general, Cayo Lara, quien en su discuso ante la Presidencia envió un mensaje a Podemos: "Nadie por sí solo puede ser palanca de cambio. Y como dice Beiras, no hay gallos en el gallinero". Lara argumentó que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales han dejado una "enseñanza crucial": "que donde la convergencia de la izquierda, de las fuerzas sociales críticas y de personas independientes ha sido muy amplia, se han conseguido resultados extraordinarios. La suma de actores ha multiplicado los resultados".
El coordinador general dejó, eso sí, un mensaje final ambiguo que podría interpretarse como un apoyo al referéndum que ha pedido Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta, para decidir el modelo de convergencia. El proceso, dijo Lara, tiene que seguir condiciones de "respeto, negociación y democracia", y en ese sentido abogó porque "las bases opinen, que son las que tienen la última palabra".

miércoles, 3 de junio de 2015

Vivienda: "función social o especulación", por Amanda Meyer.

Mientras se construye la segunda burbuja inmobiliaria, ahora con las viviendas deshabitadas, el Tribunal Constitucional anula parcialmente la ley andaluza de vivienda, la única que ponía coto a la especulación de las viviendas vacías en manos de entidades financieras.

¿Se imaginan un gobierno que asuma como fundamental su obligación de garantizar y realizar el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan que sea un gobierno autonómico de una de las regiones del Sur de Europa donde se vulnera sistemáticamente el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan un país en el que se produzcan más de treinta desahucios diarios de primera vivienda sin que las autoridades hagan nada para impedirlo? Y ¿se imaginan que en ese país existan 3,5 millones de viviendas deshabitadas?
Ese era el contexto en marzo de 2012, cuando Izquierda Unida entró a formar parte de un gobierno de coalición en Andalucía, asumiendo las competencias de fomento y vivienda e impulsando la aprobación de la Ley 4/2013 de función social de la vivienda, que a grandes rasgos perseguía dos objetivos fundamentales: por un lado, evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por entidades financieras, ofreciéndoles hasta tres años de alquiler social; y, por otro, propiciar la salida en alquiler de las viviendas deshabitadas mediante incentivos a personas físicas y sanciones a entidades financieras que mantuvieran viviendas deshabitadas, a fin de promover el alquiler, que sólo representa un 16% del total de tenencia de vivienda en Andalucía, la mitad de la media europea.
Cualquier gobierno con una mínima decencia y sentido democrático sabe que puede y debe garantizar el derecho fundamental a techo, pero es que además es una obligación, según se establece en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sabíamos que la vivienda, a pesar de ser un derecho humano fundamental de reconocimiento internacional, nacional y autonómico, era y es en la práctica una mercancía sujeta a las leyes inhumanas del mercado. En España, fruto de la liberalización del mercado inmobiliario y de la flexibilización en el comercio del suelo, se permitió y se incentivó la especulación incontrolada en manos de banqueros y constructores, haciendo que un bien de primera necesidad como la vivienda se regulara por las leyes del mercado.
El boom de la construcción propició la proliferación de un modelo de ciudad diseminada, cara y difícil de surtir de servicios. En los últimos 25 años, el incremento del tejido urbano continuo y discontinuo ha sido del 52%, un disparate totalmente insostenible. El Instituto Nacional de Estadística revelaba en 2011 que en España había entonces cerca de 3,5 millones de viviendas vacías.
En ese contexto las tradicionales políticas públicas de vivienda son insuficientes. No se trata de que la autoridad pública satisfaga la demanda de vivienda mediante la construcción de viviendas protegidas, ni tampoco de intervenir entre la oferta y la demanda. Se trata de cumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna mediante la regulación de la función social de la vivienda y acabar con los desahucios.
Eso es lo que pretendía la ley andaluza, única ley que ha parado desahucios y que demostraba que sí se podía y puede hacer política de otra manera.
Pero el Tribunal Constitucional (TC), dejándose llevar por la derecha económica y política, la ha tumbado con una sentencia que contraviene su propia doctrina, pulveriza el sistema de competencias de las autonomías, debilita el contenido constitucional del derecho a la vivienda y eleva a doctrina el dogma neoliberal de que todos los derechos quedan subordinados al interés de los mercados, fortaleciendo la idea de que la vivienda es un bien para la especulación.
Así, anula los preceptos de la ley que suponen el verdadero avance en las políticas públicas de vivienda, como el artículo 1.3, que determina que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”; o la Disposición Adicional Segunda, que permite al gobierno expropiar el uso de viviendas para que las familias vulnerables víctimas de desahucio puedan permanecer, al menos, durante tres años más mediante un alquiler social.
Una sentencia que demuestra hasta qué punto las instituciones jurídicas tienen más en cuenta la orientación económica y las políticas de “austeridad” de la Comisión Europea y la constitucionalización de la doctrina neoliberal que supuso la reforma del artículo 135 de la Constitución, impulsada por el PSOE y el PP, que la Constitución y su propia doctrina.
Para anular la ley andaluza, el TC sostiene fundamentalmente dos cosas:
1.- Que respecto a la obligación de destinar la vivienda a su uso habitacional efectivo (art.1.3 de la Ley), la Comunidad Autónoma, pese a ser competente para legislar sobre vivienda y para hacerlo mediante el uso del Decreto-Ley convalidado, regula una competencia exclusiva del Estado, como es el derecho a la propiedad privada.
2.- Que respecto a la expropiación del uso de una vivienda embargada por una entidad financiera a una familia en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, la Ley invade la competencia exclusiva del Estado sobre   “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ” (art. 149.1.13 CE).
Es evidente que el TC apuesta, en primer lugar, por una recentralización absoluta, despreciando la soberanía autonómica, especialmente de las que gozan de mayor autogobierno, como la andaluza, e interpretando de forma centralista el Título VIII de la Constitución.
En segundo lugar, ignora la lectura conjunta de los artículos 47, 33 y 128 de la CE para definir y consolidar la función social de la vivienda, tal y como se hace en todo el acervo legal y constitucional de los países del centro y norte de Europa, dejando pasar una oportunidad de oro para dar una paso en la regulación del derecho a la vivienda en nuestro país, que es hoy víctima de una conculcación sistemática sin que las autoridades públicas hagan nada por evitarlo.
Recuerda el Alto Tribunal, los esfuerzos que desde el gobierno del PP se están haciendo para “sanear” al sistema financiero español: “firmar con la Unión Europea un Memorando de Entendimiento (...) por el que el sistema financiero español recibía asistencia financiera externa para reforzar la solvencia de las entidades con déficit de capital (...) Por otra parte, el Estado ha dictado una normativa en la que, incidiendo de un modo limitado en el sistema de ejecución hipotecaria, atiende a la situación de quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda”. En este punto el TC habla del Fondo Social de Viviendas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP en el marco de la Ley 1/2013 de medidas para proteger a los deudores hipotecarios.
En definitiva, justifica la anulación de la ley con la peregrina argumentación de que el gobierno del PP ha puesto en marcha medidas para acabar con los desahucios y el sobreendeudamiento de las familias.
Sólo mediante leyes efectivas que garanticen la función social de la vivienda podremos establecer políticas públicas que busquen realizar un derecho humano que soporta otros derechos fundamentales, y sólo mediante medidas que pongan límite al acaparamiento de viviendas por entidades jurídicas que buscan especular con ellas, podremos movilizar los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España para que sean habitadas por familias con necesidades habitacionales.
Fuente: eldiario.es

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Desahucios,... la banca siempre gana.


lunes, 1 de junio de 2015

Marina Albiol, acerca de la preparación de la cumbre del G7 (7 y 8 de junio).


Ángela Vallina: "La UE promueve la muerte silenciosa de las cuencas mineras".


Paloma López: "Liberalizar la agroalimentación es un peligro de salud pública y para pequeños agricultores".


Paloma López denuncia la violación sistemática de las sentencias favorables a los trabajadores.


Ángela Vallina: "Con las Víctimas de la Talidomida, es tiempo de hechos y soluciones, no de palabras".


Marina Albiol: "Los resultados de las elecciones demuestran que la unidad popular es el camino a seguir".


Bruselas evalúa a España por incumplir las normas que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea.

España no se ajusta a las normas comunitarias que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea. Fue la respuesta escrita que la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, dio hace un mes a los eurodiputados españoles de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol y Javier Couso, quienes preguntaron si era correcto que las autoridades españolas expidieran a los trabajadores con contratos temporales que viajaban al extranjero un certificado provisional válido por tres meses en lugar de la habitual tarjeta con una validez de dos años.
Bruselas pidió explicaciones a las autoridades españolas y desde entonces la Comisión "evalúa" la respuesta facilitada por España en base "a las normas comunitarias en materia de coordinación de la seguridad social", según señaló un portavoz comunitario a VICE News sin facilitar más detalles.
El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad español, Alfonso Alonso, señaló el 26 de mayo en el Senado que efectivamente las autoridades comunitarias "consideran que se emiten demasiados certificados y que debemos operar con un sistema de tarjeta", subrayó. Y señaló que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya trabaja "en cambiar el procedimiento" para emitir tarjetas que solo tengan validez de tres meses.
El problema ha surgido tras la aparición de numerosos casos de españoles que se van a trabajar al extranjero después de que el Gobierno aprobara en 2012 el decreto de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".
'En Alemania se han producido casos en los que les han exigido una traducción jurada del certificado y en países como Irlanda ni siquiera lo aceptan'.
La medida restringió, por ejemplo, el acceso universal al sistema sanitario a los inmigrantes sin los papeles en regla o a las mayores de 26 años con rentas de 100.000 euros que nunca hubieran cotizado. Además, un año después, las autoridades españolas introdujeron una nueva condición y era que para mantener el derecho a la atención sanitaria en España nadie podía estar viviendo fuera del país más de tres meses. La consecuencia es que los jóvenes de esa edad que no han trabajado nunca y que precisamente salen a otro país europeo a buscar su primer empleo las autoridades españolas solo les facilitan un certificado que les cubre por tres meses.
"Nos había llegado por varios compañeros que se estaban yendo a buscar trabajo fuera de España y que no les estaban dando la tarjeta sanitaria europea sino el Certificado Provisional Sustitutorio", explica Marina Albiol en conversación telefónica con VICE News. En todos los casos, subraya, las personas que emigraban tenían contratos temporales y en muchos de los casos el certificado — una fotocopia en papel con los datos y la información escrita solo en español — no estaba siendo aceptado en centros médicos europeos.
"En Alemania se han producido casos en los que les han exigido una traducción jurada del certificado y en países como Irlanda ni siquiera lo aceptan", afirma en conversación vía Skype desde Uruguay Sonia Camallonga, quien forma parte de la comisión de Sanidad de la Marea Granate, el colectivo social que representa a los emigrantes españoles que se marchan al extranjero para buscar trabajo. Para ella, los problemas que están surgiendo se deben "al cambio de modelo en el sistema sanitario español que llegó con la aprobación del decreto y que vincula la asistencia sanitaria en función de si cotizas o no a la Seguridad Social, cuando antes no era así".
La normativa europea que regula la asistencia sanitaria en un país comunitario — y que España debe cumplir — establece que los Certificados Provisionales Sustitutorios solo deben expedirse en caso de robo de la tarjeta sanitaria o cuando la partida al extranjero sean tan rápida que no haya tiempo suficiente para emitir el documento reglamentario. Es decir, solo deben entregarse en "circunstancias excepcionales", como subrayó la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales en su respuesta escrita.
Según reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 225.000 españoles se fueron de España entre 2008 y 2012. Pero un informe elaborado hace dos años por la Fundación Alternativas, La nueva emigración española, eleva la cifra a más de 700.000.
Raquel Sánchez, socióloga de 26 años, salió hace dos de España rumbo a Irlanda en busca del trabajo que no encontraba en su país. Primero formó parte del Programa de Voluntariado de la UE, cuando terminó al cabo de un año regresó pero ante la falta de perspectivas se marchó de nuevo a Dublín a "buscarse la vida", y donde logró un contrato temporal de administrativa en una empresa.
El año pasado tuvo que acudir al médico por una infección y como su tarjeta sanitaria europea estaba caducada las autoridades sanitarias irlandesas le exigieron pagar 100 euros por adelantado para ser atendida en Urgencias. A través de su familia en España, trató de renovar la tarjeta europea pero como ya había cumplido los 26 años y no había cotizado nunca en España se la denegaron — además del reembolso de la atención médica en Irlanda — y solo le dieron el certificado de los tres meses. Este año le volvieron a dar un nuevo certificado por tres meses — solo se permite uno al año —, que ya le ha caducado y se ve "como muchos otros españoles sin ningún tipo de protección" ya que la sanidad irlandesa no es universal y solo es posible acceder a ella con un seguro médico.
El ministro de Sanidad español aseguró en el Senado que España está trabajando para cambiar los certificados en papel por unas tarjetas — y adaptarse así a la normativa europea —, que en cualquier caso, seguirán siendo válidos solo por tres meses. "Consideramos que tres meses es tiempo suficiente para encontrar un trabajo", subrayó Alonso, quien explicó que si un español trabaja en el extranjero debe ser ese país quien cubra sus prestaciones sanitarias.
Faustina González, una enfermera de 37 años que trabaja desde hace dos años en un hospital inglés rechaza las palabras del ministro: "Yo tardé siete meses en encontrar trabajo y eso que yo ya llevaba muchos trámites realizados desde España".
En noviembre de 2012, se marchó de su país con su prestación por desempleo exportada — algo posible tras registrarse como demandante de empleo en el país de llegada — pero con un Certificado Provisional Sustitutorio, que le caducó a los tres meses. Justo una semana después se vio en la necesidad de acudir a Urgencias. "Por entonces la sanidad inglesa era gratuita [ahora se han introducido algunos copagos] y no me cobraron nada, pero si llega a ser en otro país hubiera tenido que pagar porque España no me dio la tarjeta sanitaria europea", subraya. Hasta tres meses después no logró su primer contrato como enfermera. 
Fuente: news.vice.com

El Congreso rechaza la ley contra las agresiones a LGTBI presentada por la Izquierda Plural.

  • El PP ha rechazado en la Comisión de Interior una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto.
  • Se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  • Ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.

  • El PP ha rechazado en la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto, encaminada a pedir al Gobierno que elabore una ley integral de igualdad de trato que luche contra las agresiones y discriminación hacia el colectivo LGTBI. La proposición no de ley de Izquierda Plural, en la que también se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.
    La propuesta ha sido defendida por el diputado Ricardo Sixto quien ha señalado que los ataques contra este colectivo (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) son una "realidad" en España, por lo que ha demandado un cambio para que las instituciones públicas adopten medidas. Con esta iniciativa se pretendía también pedir al Ejecutivo que promoviese la denuncia por parte de las víctimas y la puesta en marcha de planes de formación para que la Policía, la Guardia Civil y el profesorado sepan detectar delitos por LGTBIfobia.
    Además, Sixto ha recordado que en 2013 se denunciaron 452 delitos por la orientación sexual y la identidad de género, de un total de 1.172 de los delitos de odio ocurridos en España, según datos del Ministerio del Interior.
    La diputada popular María Jesús Bonilla ha asegurado que su partido tiene como prioridaddefender los derechos de las personas "sea cual sea su condición" y ha manifestado que en la actualidad ya existen medidas como las que se plantean en esta iniciativa, como el plan director de seguridad. Por ello, ha considerado que no es necesario un protocolo de actuación, sino la "aplicación de la ley vigente".
    Desde el PSOE, Ángeles Álvarez ha indicado que es "mejor una ley integral de igualdad de trato" para luchar contra las agresiones del colectivo LGTBI, ya que el simple reconocimiento de un derecho "no es suficiente".
  • Fuente: 20minutos.es

Los socialistas se alían con la derecha europea y abren la puerta al blindaje de las empresas con el TTIP.

Los socialistas europeos claudican y evitan que el Parlamento de Bruselas dé un espaldarazo al acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés) al evitar que la Cámara apruebe el rechazo pleno a la fórmula de blindaje judicial que pone a las multinacionales por encima de los Estados y de la soberanía de los parlamentos nacionales.
La comisión de Comercio Internacional de la Cámara europea ha aprobado hoy una resolución elaborada por el socialdemócrata alemán Bernd Lange que evita rechazar explícitamente la fórmula de los tribunales internacionales privados para dirimir conflictos entre Estados e inversores extranjeros, el llamado mecanismo ISDS (Investor-State Dispute Settlement).
Y esto a pesar de que el propio Lange llevaba meses criticando esta cláusula ISDS y a pesar también de que en el borrador inicial Lange había incluido su rechazo frontal a dicha fórmula.
Sin embargo, acaso en previsión de que un texto tan contundente iba a ser tumbado por la derecha europea (PP y liberales, que tienen mayoría), Lange ha optado por aguar el contenido del mismo y el texto final aprobado no cita siquiera explícitamente el ISDS: apela a confiar en los tribunales nacionales y se refiere únicamente a la necesidad de reformar los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre inversores y Estados.
Junto a esto, Lange propone “a medio plazo, la creación de una Corte Internacional pública de resolución de conflictos con inversores para dirimir estas disputas”, lo que cumple exactamente con la línea reivindicada por la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecile Malmstrom, la encargada en la UE de negociar el acuerdo con Estados Unidos.
El texto de este informe debe ser ahora votado por el Parlamento Europeo al completo durante la segunda semana de junio en Estrasburgo. Debido a la mayoría de la derecha, no es esperable que el resultado sea diferente al obtenido hoy en la votación de la comisión de Comercio Internacional.
“Tras año y medio y 9 rondas de negociación del TTIP entre la Comisión y EEUU, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento ha aprobado una resolución en la que socialistas, liberales y conservadores han dado todo su apoyo a la Comisión Europea y han omitido las demandas de la ciudadanía de transparencia y en contra de la creación de un sistema jurídico paralelo para las multinacionales, el Tribunal de Inversores, ISDS”, ha criticado el portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi.
La derecha europea, en cambio, defendió que “no era ahora el momento de tumbar el ISDS, puesto que se está en plenas negociaciones. Lo correcto es dejar que la Comisión Europea tenga diferentes opciones sobre la mesa”, defendió la conservadora Emma McClarkin.
El informe del Parlamento llega tras un año y medio de discusiones en la Cámara. Lange debía recoger las opiniones de otras 13 comisiones, seis de las cuales rechazaron el ISDS, sin embargo, el informe del socialdemócrata alemán no muestra tal contundencia.
Lo más paradójico de todo es que el propio Lange ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la votación su postura contra el ISDS. Lange ha asegurado, de hecho, que para él el mecanismo de tribunales privados no es adecuado en casos como Estados Unidos y Europa porque tienen sistemas judiciales fiables, transparentes y consolidados”. Entonces, ¿por qué no ha incluido este punto de vista en su informe?
El diputado de Los Verdes Yanick Jadot ha criticado que “los socialistas se han echado para atrás para lograr un consenso con conservadores y liberales para evitar que éstos tumben su informe. Han preferido esa opción que reflejar el rechazo generalizado que hay en la opinión pública europea al ISDS”.
“EL ISDS debería pertenecer al pasado”, ha recalcado Helmut Scholz, de Izquierda Unitaria Europea. “Nuestro sistema legal reúne todas las garantías y es transparente… pero el voto de hoy muestra qué tenía en mente el partido socialista a pesar de lo que venía diciendo”.
Uno de los argumentos típicos que esgrime a menudo la derecha europea para defender el blindaje a las multinacionales es que los Estados miembros de la UE ha firmado ya más de 1.400 acuerdos con el ISDS, algunos de ellos desde los años 50.
Sin embargo, la cláusula ISDS permitió a Vattenfall denunciar en octubre del año pasado al gobierno alemán y reclamarle 4.700 millones de euros de compensación debido a que, tras el desastre de Fukushima, el gobierno alemán había decidido recular en sus políticas pronucleares y retirar licencias de funcionamiento a ocho plantas de este tipo.
La Cooperación Reguladora y el ISDS son precisamente los dos aspectos del TTIP más criticados por el creciente número de detractores del tratado. Bruselas ha celebrado una consulta pública en la que 150.000 europeos expresaron su opinión sobre el mecanismo de blindaje de las empresas. El 97% rechazó el ISDS, pero la Comisión sigue empeñada en incluirlo en el acuerdo.
Fuente: publico.es
Los grupos popular y socialista del Parlamento Europea coinciden en un 69,7% en las votaciones, un grado de consenso desconocido en la política nacional, y que PSOE y PP ocultan para diferenciar su oferta electoral. [+Info]