sábado, 26 de julio de 2014
viernes, 25 de julio de 2014
Cayo Lara: "De Rajoy, Cospedal y sus pucherazos".
Porque a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que es la tercera en territorio de España, la tercera en número de provincias y la novena en población, la han dejado como la Comunidad Autónoma con el menor número de escaños. La comunidad que gobierna la secretaria general del PP pasa de 49 a 33 diputados, los mismos que tiene una comunidad uniprovincial como La Rioja, con la diferencia de que Castilla-La Mancha tiene 5 provincias y 2,2 millones de habitantes. Digámoslo sin ambages: éste es el mayor ataque —muy probablemente solo sea el primero de los que habrán de venir— que se le ha hecho nunca a la democracia representativa, a la voluntad democrática de los ciudadanos.
Las chapuzas electorales en Castilla-La Mancha no son nuevas, vienen de lejos. En honor a la verdad hay que decir que ya se hizo un pacto en 1998 entre el Partido Popular, Bono y un diputado tránsfuga, el único de Izquierda Unida, para consolidar el bipartidismo en Castilla-La Mancha. Por eso se suprimió el procedimiento de asignación de escaños, único caso en toda España, lo que llevó a la chapuza de elegir en 2007 un diputado más por Cuenca que por Guadalajara, a pesar de tener menos número de habitantes.
Se lo dije a los diputados populares en el Pleno del Congreso cuando ejercí la portavocía de mi grupo en el rechazo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Con esta reforma —en realidad un traje a medida del PP— se viola el espíritu y la letra de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, y se quiebran los principios de igualdad, pluralismo político, proporcionalidad y representatividad. No figuraba en el programa electoral del Partido Popular, se ha impuesto sin consenso político ni social, incumple las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la proporcionalidad de las leyes electorales, y encierra un peligroso discurso populista y autoritario que al final no sabemos nunca dónde terminará.
Introducida por María Dolores de Cospedal, la reina madre de esta medida miserable, la reforma se urdió al calor de un clima de antipolítica que se ha creado en este país precisamente por todos los políticos y políticas, corruptos y corruptas, vendidos a corruptores y oportunistas sin escrúpulos. De la patada inicial se nos devolvió al sistema censitario, en el que solo gobernaban los que tenían recursos, los poderosos y sus satélites, para someter a las instituciones a sus intereses. Además, el argumento del ahorro no tiene ningún valor, ¿de qué ahorro se habla si le quitaron el salario a los diputados y a continuación aumentaron un 60% la partida de altos cargos y elegidos a dedo?
Castilla-La Mancha se ha convertido en el laboratorio de ensayos involucionistas del PP, y este apaño antidemocrático nos avisa también de los planes del PP para trocear la Comunidad de Madrid en múltiples circunscripciones, en lo que puede suponer otro pucherazo. El partido de Cospedal y Rajoy no va a parar a la hora de imponer estas acciones para intentar perpetuarse en todas las instituciones. En este contexto hay que enmarcar la propuesta de los populares para que el alcalde de un municipio salga de la lista más votada, aunque no cuente con la mayoría de los apoyos de los ciudadanos.
Retuercen la democracia y quieren mantenerse en el poder ante la imparable pérdida de votos. Por ello, no debería extrañarnos que emerja una propuesta del PP para cambiar a su gusto también una Ley Electoral General, siendo ya la existente muy injusta y desproporcionada en la asignación de escaños para formaciones como IU. Quieren la mayoría a costa de lo que sea y mantener el bipartidismo porque así lo exigen los poderes económicos y financieros. El PP se ha convertido en un problema para la democracia. Conciben el país como si fuera su cortijo electoral. Tal vez pensaba Tácito en una situación similar cuando vino a decir que el “poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos”. Pues eso…
Fuente: publico.es
IU-Andalucía muestra su apoyo a COAG y UPA contra el reparto de la PAC. Maíllo muestra, en concreto, su rechazo al reparto de las ayudas directas diseñado por el gobierno del PP.
“Las ayudas directas a quienes producen. No a los terratenientes que las cobran sin moverse del sofá.”. Así expresó Antonio Maíllo el rechazo de IU Andalucía a la Política Agraria Común de la UE, y en concreto al reparto de las ayudas directas diseñado por el gobierno del PP, un planteamiento plenamente coincidente con el de COAG y UPA, con quienes mantuvo una reunión en la mañana del miércoles.
Por el contrario, tanto Maíllo, como Miguel Lopez, secretario general de COAG-Andalucía y Agustín Rodríguez, secretario de UPA-Andalucía, defienden que las ayudas deben dirigirse a estimular la producción, a quienes están trabajando en el tajo, teniendo como prioridad absoluta a las pequeñas explotaciones. En este sentido, los máximos representantes de las tres organizaciones reivindican el modelo francés: ayuda a las primeras 40 hectáreas y a las 100 primeras cabezas de ganado.
Maíllo resaltó que la sociedad andaluza debe saber que el gobierno del PP tiene una obsesión anti-andaluza, denunciando el recorte de 577 millones de euros a las ayudas para Andalucía perpetrado por el gobierno central, algo injustificado y desproporcionado, lo que supone una merma del 10% de los fondos para Andalucía, frente a la media entre el 1 y el 2% del resto de comunidades autónomas.
Para Maíllo, este comportamiento sistemático del gobierno central lo vimos en el modelo de financiación autonómica y en la liquidación del presupuesto de 2012, lo vemos hoy con el recorte bestia a las ayudas de la PAC y lo veremos de aquí en adelante. El coordinador andaluz, y también candidato de IU a la Presidencia de la Junta, advierte al PP que así no ganarán Andalucía, si no que les despreciaremos.
IU comparte el análisis de las dos organizaciones agrícolas, señalando que el reparto de las ayudas favorece a quienes especulan y no producen, a quienes cobran las ayudas sin moverse del sofá. Maíllo se suma a la oposición de ambas organizaciones agrícolas sobre que las ayudas directas se repartan en función de la extensión de las explotaciones, lo que beneficia a los grandes propietarios y latifundistas.
Por el contrario, tanto Maíllo, como Miguel Lopez, secretario general de COAG-Andalucía y Agustín Rodríguez, secretario de UPA-Andalucía, defienden que las ayudas deben dirigirse a estimular la producción, a quienes están trabajando en el tajo, teniendo como prioridad absoluta a las pequeñas explotaciones. En este sentido, los máximos representantes de las tres organizaciones reivindican el modelo francés: ayuda a las primeras 40 hectáreas y a las 100 primeras cabezas de ganado.
Maíllo resaltó que la sociedad andaluza debe saber que el gobierno del PP tiene una obsesión anti-andaluza, denunciando el recorte de 577 millones de euros a las ayudas para Andalucía perpetrado por el gobierno central, algo injustificado y desproporcionado, lo que supone una merma del 10% de los fondos para Andalucía, frente a la media entre el 1 y el 2% del resto de comunidades autónomas.
Para Maíllo, este comportamiento sistemático del gobierno central lo vimos en el modelo de financiación autonómica y en la liquidación del presupuesto de 2012, lo vemos hoy con el recorte bestia a las ayudas de la PAC y lo veremos de aquí en adelante. El coordinador andaluz, y también candidato de IU a la Presidencia de la Junta, advierte al PP que así no ganarán Andalucía, si no que les despreciaremos.
Fuente: conmasfuerza.org
Llamazares pide a la UE una comisión de investigación del accidente de Angrois en el que fallecieron 79 personas
El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado este jueves que desde IU pedirán a la Unión Europea "una comisión de investigación del accidente de Angrois en el que fallecieron 79 personas y resultaron heridas más de cien", así lo ha explicado durante una comparecencia junto a la eurodiputada Ángela Vallina en la que han informado sobre esta propuesta "ante el bloqueo tanto del PP como del PSOE a esclarecer las causas del siniestro ocurrido hace ahora un año en la localidad gallega".
El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado este jueves que desde IU pedirán a la Unión Europea "una comisión de investigación del accidente de Angrois en el que fallecieron 79 personas y resultaron heridas más de cien", así lo ha explicado durante una comparecencia junto a la eurodiputada Ángela Vallina en la que han informado sobre esta propuesta "ante el bloqueo tanto del PP como del PSOE a esclarecer las causas del siniestro ocurrido hace ahora un año en la localidad gallega".
"Se cumple un año de uno de los mayores accidentes ferroviarios europeos de los últimos años; el mayor accidente de 2013 y después de ese año lo único que se le ocurre al Gobierno de Galicia y al Gobierno Central son homenajes", señala Llamazares, añadiendo que "la justicia está todavía pendiente pero la verdad es lo que tanto este Gobierno como Gobierno, en este caso el grupo que apoyó al gobierno anterior, el PSOE y el PP han bloqueado la investigación de este accidente en el Parlamento español".El diputado asturiano anuncia, en nota de prensa que desde IU pretenden "presentar una batería de preguntas sobre el grado de implantación de las medidas de seguridad anunciadas por Fomento". Asimismo, ha criticado que "el Gobierno sólo ofrezca homenajes sin medidas para conocer la verdad de la mayor tragedia ferroviaria de 2013".
"El objetivo es que, además de esclarecer los hechos, el Parlamento proponga medidas respecto a la financiación de infraestructuras, sobre el sistema de seguridad la alta velocidad y en relación a la coordinación entre la infraestructura ferroviaria y su gestión. Esas son la razones que nos llevan a proponer la Comisión en el Parlamento Europeo pero, sobre todo, a darle a las familias satisfacción, que no es el homenaje", explica el diputado.
En relación a la actitud del Gobierno, Gaspar Llamazares considera que "no está interesado en esclarecer este accidente algo que se demuestra por el empecinamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy a responsabilizar única y exclusivamente al maquinista del siniestro, obviando informes de la comisión técnica en el que se concluía que había un problema de diseño y de mala gestión de la seguridad".
Planes de jubilación privados
Por otro lado, en relación a la apertura de planes de jubilación privados que propone el Banco de España, el diputado considera que esta decisión "es impropia de una entidad pública, al tiempo que supone una constatación de que las políticas del Gobierno en la materia suponen, de facto, la voladura controlada del sistema público de pensiones".
"Es escandaloso que el Banco de España, primero, ponga en evidencia al Gobierno diciendo que la reformas recientes lo que hacen es reducir las perspectivas de pensión en diez años en un 3%. Se demuestra que lo que ha hecho el Gobierno es recortar las pensiones futuras", señala Llamazares.
Según el parlamentario es "mucho más grave que una institución pública se dedique a promocionar los planes privados", señala añadiendo que desde IU "creemos que es la evidencia de que el Banco de España está al servicio de la banca privada, lo cual es un escándalo".
Para Llamazares, la recomendación del organismo regulador supone también "desbaratar el discurso oficial del PP respecto al afianzamiento del sistema público y su sostenibilidad, al poner de manifiesto que lo que se ha hecho es "recortar y promover las pensiones privadas". Por ello, IU solicitará la comparecencia de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso para que explique las políticas de pensiones.
Datos de la epa
Por otro lado, Llamazares aseguró que los últimos datos que se han conocido de la Encuesta de Población Activa (EPA) "denotan una recuperación que puede ser profundamente injusta, que apuntan hacia una sustitución de contratos de calidad por otros precarizados y pobres. Esa es la realidad de nuestro país, que por otra parte se produce (el incremento de las contrataciones) en un momento estacional: este empleo está fundamentalmente vinculado al sector servicios y, por tanto, al período veraniego".
Según el diputado, el Gobierno no debe "lanzar las campanas al vuelo ante una hipotética recuperación ya que siguen los mismos nubarrones que existían y el empleo que se crea en estos momentos es precario y pobre, lo que demuestra una muy injusta salida de la crisis, en contra de la inmensa de la mayoría de los ciudadanos, y en particular de los mayores de 50 años y de los jóvenes", concluye.
Fuente: 20minutos.es
Ernest Urtasun: "La dulce droga de los subsidios bancarios".
Lamentablemente, en el caso de la UE, algunos estados miembros como Holanda, Francia o Italia ejercen de auténticos lobistas de su gran banca.
La gran banca que ha dominado el sector de los servicios financieros sufriría importantes pérdidas sin los subsidios implícitos de los que goza como resultado de las garantías de las finanzas públicas. Pero, no aún satisfechos con ello, los bancos están ahora pidiendo más dinero público para pagar sus contribuciones a los fondos de resolución que se están constituyendo a nivel nacional o, en el caso de los países miembros de la eurozona, a nivel de la Unión Europea tras el acuerdo de la Unión Bancaria que persigue proteger a las finanzas públicas de tener que volver a limpiar los agujeros creados por los bancos quebrados en futuras crisis financieras.
El Fondo Monetario Internacional acaba de calcular el valor actual de los subsidios implícitos para los bancos "demasiado grandes para quebrar" (TBTF, en sus siglas en inglés). Los bancos TBTF pueden pedir prestado casi sin restricciones y por unos tipos increíblemente bajos gracias a las garantías implícitas de los Tesoros. Están en estos momentos ahorrándose hasta 200.000 millones de euros al año porque sus acreedores tienen la certeza de que serán rescatados con dinero público en caso de catástrofe. A través de este tipo de subvenciones los gobiernos están creando un enorme riesgo moral, fomentando que los bancos aumenten su tamaño y su riesgo, creando así la semilla para la próxima crisis financiera.
Esta es la razón por la que los órganos reguladores trabajan arduamente para que la liquidación de bancos en caso de crisis bancaria se realice sin la intervención del dinero público para poner fin a estos subsidios que animan al riesgo excesivo. De ahí la importancia de la reforma estructural bancaria en la eurozona y de la credibilidad del mecanismo de resolución: ¿quién pagará el coste de la bancarrota de un banco en el futuro?
Hasta ahora la Unión Europea ha decidido que los accionistas y acreedores de un banco quebrado asuman las pérdidas por un mínimo de un 8% del balance bancario, lo que significa que responderían de esa cantidad en caso de que el banco no fuera viable. Esta es la herramienta más importante para evitar que los tesoros nacionales tengan que asumir de nuevo el coste de otra crisis financiera. Es importante recordar que durante esta crisis, aunque los bancos quebraron, sus acreedores no perdieron ni un céntimo y en muchos casos el dinero público ha terminado rescatando a accionistas millonarios. En España, según cifras oficiales del Tribunal de Cuentas, el rescate bancario le ha costado al contribuyente 108.000 millones de euros.
Durante el proceso de resolución que sigue a la quiebra de un banco - que ocurre cuando lo que tiene vale mucho menos de lo que debe - la autoridad que liquida el banco necesita habitualmente liquidez para financiar la operación de rescate y, en algunos casos, incluso inyecciones de capital. La creación de un fondo de resolución con un volumen de 70.000 millones en toda la UE, y 55.000 millones en la eurozona, tiene por objetivo cubrir esta posible demanda.
El fondo será cubierto por la propia industria bancaria. Por ello, y de espaldas a la opinión pública, los bancos están actualmente movilizados en una indecente batalla para determinar quién tiene que contribuir y con qué cantidad.
En teoría, el fondo de resolución debe funcionar como un seguro. La cuota debe depender del tamaño de las instituciones y de la probabilidad de pérdidas potenciales. Los grandes bancos deben pagar más que los bancos pequeños (por el volumen de las pérdidas potenciales) y los que asuman más riesgo deben pagar más que bancos más conservadores (por la probabilidad de las posibles pérdidas). La agencia de resolución norteamericana Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cobra 2,5 centavos por cada 100 dólares en el balance para aquellos bancos con menos riesgo y 45 centavos para los que tienen más riesgo.
Lamentablemente, en el caso de la UE, algunos estados miembros como Holanda, Francia o Italia ejercen de auténticos lobistas de su gran banca. Están tratando de limitar las penalizaciones para la banca más grande y con más riesgo de tal forma que bancos con el menor riesgo tengan que pagar un 80% de la cuota media y los que asumen mayores riesgos el 120%. Este diferencial es absurdamente bajo: un factor de 1,5 veces mientras que en EEUU el factor es de 18 veces.
Con estos diferenciales tan bajos, los bancos más modestos estarán implícitamente subvencionando el comportamiento de riesgo de los TBTF creando exactamente la clase de riesgo moral que provocó la crisis de 2008. Esto es sencillamente inaceptable.
Al contrario, este sistema de seguro debería ser construido de tal manera que incentivara el buen comportamiento. De la misma forma que queremos gravar el CO2 para internalizar los efectos externos del cambio climático, queremos una tasa que internalice los efectos externos del riesgo asumido de desestabilización financiera. Así que el modelo de negocio de la banca, la estabilidad de su posición financiera, su posición de activos, su nivel de interconexión con otros bancos y otros varemos que no pueden ser manipulados deben ser usados para medir el riesgo bancario. Más importante aún, el diferencial de cuota entre los bancos con riesgo y los que no tienen riesgo debe ser de una magnitud significante como lo son en los EEUU bajo las normas que rigen en el FDIC.
El lobby masivo de los bancos TBTF contra una cuota justa y socialmente responsable es indecente hasta decir basta. Además, en opinión del Grupo Verdes/Ale en el Parlamento Europeo el fondo de resolución es demasiado pequeño y dejaría a los tesoros bajo riesgo.
Los 55.000 millones serán pagados al fondo en los próximos ocho años más algunas inyecciones adicionales requeridas. Eso significa una contribución anual de 6.900 millones de euros. Los 124 mayores bancos que están bajo la supervisión del Banco Central Europeo poseen el 85% de todos los activos bancarios de la eurozona. El hecho de que estos bancos paguen el 85% o el 100% de los 6900 millones de euros del fondo de rescate es una cuestión muy marginal comparada con los 200.000 millones anuales de subsidios implícitos puestos a su disposición. El aumento de la cuota por el factor de riesgo adicional es una gota en el océano cuando hablamos de reducir las ventajas competitivas totalmente intolerables que estos subsistidos les dan en relación a la banca pequeña. Ahora bien, en términos de incentivos es absolutamente crucial.
Debemos asegurar que el fondo de rescate camina hacia una nueva dirección, obligando a los bancos europeos hinchados a alejarse de esta adicción a los subsidios y andar por el camino de la solvencia, puestos al servicio de la economía y no arruinándola.
Es intolerable que la Comisión Europea haya tomado partido por la banca contra los intereses ciudadanos. El Comisario francés Michel Barnier parece estar más preocupado por los estados miembros con grandes bancos que por la estabilidad financiera. El equipo de Barnier trata de llegar a un acuerdo que favorezca a los grandes bancos holandeses, italianos y franceses. Así que parece que los bancos más estables y "aburridos" que llevan el peso de financiar a la economía real deberán subsidiar el riesgo asumido por la gran banca de inversión europea.
El Grupo Verdes/Ale estamos tratando de generar un verdadero debate público sobre esta cuestión y pidiendo apoyo de los y las ciudadanas europeas para construir otra política que obligue a todos los bancos europeos a trabajar por el bien común. Les pedimos a los ciudadanos que envíen sus quejas directamente al Michel Barnier y les digan claramente en un correo que se oponen a este subsidio permanente para la gran banca.
Fuente: eldiario.es
La diputada Marta Ribas, que ha defensat una moció d’ICV-EUiA que reclamava la reprovació del conseller de salut Boi Ruiz “per la seva gestió al capdavant del Departament de Salut que ha provocat una reducció de la qualitat i seguretat assistencials, la degradació dels serveis sanitaris de titularitat pública, l’augment dels temps d’espera i ha precaritzat les condicions de treball dels i les professionals, propiciant la seva fugida del sector i posant en risc la necessària continuïtat i renovació generacional” però que no ha prosperat pels vots en contra de CiU i ERC en aquest punt.
jueves, 24 de julio de 2014
Cayo Lara recrimina al Gobierno que la privatización de AENA “se encuadra dentro del expolio al sector público” en el que el PP “se ha situado históricamente a la cabeza”
El presidente portavoz del grupo de IU, ICV-EUiA, CHA respalda la comparecencia de la ministra de Fomento para que explique “por qué quiere privatizar una empresa perteneciente a un sector estratégico y que ha sido saneada con dinero público”
El presidente portavoz del grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha recriminado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que la operación para privatizar parcialmente AENA “se encuadra dentro de un expolio al sector público que lleva produciéndose en España durante muchos años y por varios gobiernos”, y en el que el Partido Popular “se ha situado históricamente a la cabeza”.
Lara ha apoyado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que explique “por qué quiere privatizar una empresa perteneciente a un sector estratégico y que ha sido saneada con dinero público”.
Durante su intervención en la Diputación Permanente, el también coordinador federal de IU se preguntó por qué la titular de Fomento quiere privatizar el 49% de AENA, “una empresa pública que tiene beneficios” y en la que “ya se han sacrificado 1.600 puestos de trabajo”.
Valoró que Pastor tiene que explicar “dónde reside el interés general del Estado en esta operación y cuáles son las garantías que se le van a dar a los trabajadores respecto a sus derechos y su estabilidad laboral”.
Cayo Lara criticó al Ejecutivo del PP por “esconder” la privatización de la compañía aeroportuaria en el conocido como ‘decreto ómnibus’ -con el que se imponen cambios en 26 leyes- aprobado a comienzos de julio y convalidado hace dos semanas en el Congreso. Valoró que esta privatización “no tiene razones para ser avalada” y debería haberse tratado “como un proyecto de ley” independiente para que se hubiera podido discutir adecuadamente en el Congreso por todos los grupos.
El máximo responsable de IU puso también sobre la mesa la posibilidad de que pueda producirse el paso “de forma tácita y encubierta” de algún alto cargo del Ejecutivo del PP al Consejo de Administración de AENA. Aludió a la conocida ‘puerta giratoria’ y recordó los casos de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar y su pertenencia actual a los consejos de administración de Gas Natural y de Endesa, respectivamente, dos empresas privatizadas durante el mandato de ambos.
Fuente: lacerca.com
Llamazares rechaza el “manoseo perverso” que hace el Gobierno con su reforma del aborto mientras el PP impide que Gallardón acuda al Congreso a explicarla
El diputado de IU y portavoz de Justicia advierte en la Diputación Permanente que estamos ante “la ley menos modificada y menos dialogada de la historia, porque el ministro de Justicia, como es tradicional en él, solamente habla con los que están de acuerdo”
El Grupo Popular se ha escudado hoy en que la oposición debe esperar a que la tantas veces publicitada reforma de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo llegue al Congreso, a pesar de haber ido filtrando desde hace meses su contenido, para rechazar la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendida hoy en la Diputación Permanente por Gaspar Llamazares, diputado de IU y portavoz parlamentario de Justicia.
Llamazares explicó la “urgencia” de que el titular de Justicia acuda al Congreso a detallar el alcance de los cambios propuestos y denunció el “manoseo perverso” del anteproyecto de ley que los recoge.
Recordó que “en septiembre tendrá lugar la Convención de Naciones Unidas sobre Salud Sexual y Reproductiva, por lo que no puede esperar la comparecencia del Gobierno para que retire la ley, porque nos saca del contexto europeo, niega a las mujeres el derecho a decidir sobre la maternidad y le da el derecho a los profesionales pero con mucho ‘cuidadín’ porque pueden caer en la cárcel”.
El diputado de IU por Asturias reconoció que “nosotros tenemos una gran preocupación por la ley” y señaló que la norma actualmente en vigor “tiene un apoyo muy amplio de la ciudadanía española, que va más allá incluso de los sectores de la izquierda. Sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en un proyecto que, desde el punto de vista de su contenido, es muy precario”.
Avisó de que el Gobierno del PP hace “lo contrario” de lo que recomienda la ONU en materia de salud sexual y reproductiva, ya que “las medidas restrictivas no limitan los abortos sino que los aumentan; favorecen que el número de abortos sea clandestino y sea más peligroso y, por tanto, aumentan la mortalidad materna”.
Gaspar Llamazares comentó durante su intervención que el PP “no sabe a qué atenerse” con esta reforma porque tan pronto anunció que la presentaría en diciembre pasado, como la retrasó a los primeros meses de este año o la dejó para el verano, “incluido el mes de septiembre”, dijo con ironía como crítica a unas recientes declaraciones del ministro de Justicia.
Rechazó con contundencia las recientes afirmaciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobre que estamos ante el proyecto de ley ‘más consultado e informado’ de la historia. “Es la ley menos modificada y menos dialogada de la historia –reprochó-, porque el ministro de Justicia, como es tradicional en él, solamente habla con los que están de acuerdo”.
El portavoz de Justicia y de Sanidad de IU criticó también que para el Gobierno de Mariano Rajoy la salud sexual y reproductiva es “únicamente sanitaria y queda totalmente fuera de cualquier ámbito educativo”. Recordó que “de hecho el PP ha decidido derogar todo lo relativo a la Educación para la Ciudadanía pero, además, va a prohibir todo tipo de información con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo”.
“Esperamos –dijo- que las dudas del ministro de Justicia se disipen y, finalmente, no llegue a aprobarse la ley, porque los ciudadanos no la piden, es innecesaria y está creando un gran lío incluso en el seno del Partido Popular”.
Fuente: lacerca.com
miércoles, 23 de julio de 2014
IU-CLM destaca que la Reforma Electoral del PP es antidemocrática y destinada a perpetuar un sistema corrompido. Daniel Martínez asegura que acudirán al defensor del pueblo y estudian elevar la cuestión a instancias europeas.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado, junto a las Cortes Regionales, su campaña “RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN.” Con la misma, la formación pretende informar y concienciar a la ciudadanía del carácter antidemocrático de la Reforma Electoral del PP que solo tiene un objetivo: salvaguardar un sistema corrompido.
De esta manera, Daniel Martínez (Coordinador IU-CLM) ha querido destacar cómo la reforma de Cospedal, porque la hace sin ningún consenso y sin contar con nadie, supone que, tras las próximas elecciones autonómicas, no se pueda trasladar, de facto, la voluntad popular de las y los castellano manchegos a las cortes. Martínez también ha puesto en duda que la medida esté motivada por el ahorro económico y destaca que esa argumentación es muy peligrosa porque da a entender que la democracia sale cara y que es mejor reducir las instituciones que, verdaderamente, representan la soberanía popular. Una argumentación con un carácter casi totalitario.
Martínez, en cambio, sí ha asegurado estar de acuerdo con ahorrar donde de verdad hay un coste excesivo, y no es otro lugar que en los políticos elegidos a dedo que, anualmente, cuestan más de 6.5 veces más que las cortes regionales y no están sus nombres en ninguna papeleta para votarlos. No buscar reducir donde se gastan casi 60 mill de euros y hacerlo en las Cortes (que cuestan algo más de 8), demuestra que no hay motivación económica alguna.
Mario García, responsable de comunicación de IU-CLM, ha destacado la importancia de una campaña que pretende, sobre todo, informar a las y los castellano manchegos de dicha reforma y sus consecuencias. De la misma manera, García no coincide con la idea de que los castellano manchegos quieran menos diputados y diputadas, sino que el verdadero deseo de la ciudadanía es tener menos representantes envueltos en un aura de corrupción que, obviamente, repugna al pueblo.
Desde IU-CLM instan a las fuerzas políticas a presentar un recurso al constitucional y, de la misma manera, informan que están trabajando en llevar esta cuestión ante el defensor del pueblo e instituciones europeas.
Fuente: iuclm.es
La Mesa del Congreso No Sabe,... No Contesta. El Congreso ha rechazado 421 preguntas incómodas de los diputados, de las cuáles 82 son sobre la Corona y 99 sobre el caso Gürtel.
- La Mesa del Congreso, formada por PP, PSOE y CiU, tiene potestad para inadmitir ciertas preguntas de control al Gobierno.
- Aunque es cierto que solo se ha rechazado el 0,85% de las formuladas en lo que llevamos de legislatura, muchas atañen a la Monarquía y la Gürtel.
- La Mesa suele justificar su rechazo argumentando que "son materias ajenas al Gobierno".
- Sus señorías han preguntado sobre la fortuna del rey, Corinna, sus viajes oficiales, donaciones que recibe la familia real, incluso quien les paga la luz...
Preguntas que se quedarán sin respuesta. El Congreso de los Diputados no siempre facilita el trabajo de sus parlamentarios. La Mesa del Congreso, el órgano colegiado de dirección de la Cámara, tiene potestad para limitar una de las principales labores de sus señorías: el control al Gobierno, que los diputados ejercen, entre otras medidas, haciendo preguntas escritas. En lo que llevamos de legislatura los 350 diputados ya han formulado cerca de 50.000 preguntas al Ejecutivo, de las que 421 han sido vetadas, el 0,85% del total, según el recuento que ha hecho la web Que hacen los diputados, un portal que radiografía toda la actividad parlamentaria. La Mesa del Congreso analiza una a una cada pregunta. Las rechazadas son "inadmitidas a trámite en términos absolutos", una frase lapidaria para certificar el rechazo.
La Mesa del Congreso está formada por nueve miembros, cinco del PP, tres del PSOE y uno de CiU, los encargados de cribar las preguntas, generalmente cuestiones incómodas para el Ejecutivo. ¿Qué criterios se siguen para rechazarlas? La Mesa del Congreso ha de argumentar cada negativa, y generalmente se excusa porque "las cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados". También, en menor medida, algunas preguntas se rechazan porque no se han presentado con la cortesía parlamentaria debida. La diputada de UPyDIrene Lozano tiene el honor de haber hecho la última pregunta rechazada. Ha intentado sin éxitoconocer la relación de trabajadores del Tribunal de Cuentas que "son familiares directos de altos y ex altos cargos, así como de los principales representantes sindicales del tribunal", a raíz de varias informaciones publicadas por El País, que publicó que unos 100 trabajadores del tribunal, el 14% de la plantilla, tenían lazos familiares.
La excusa de la Mesa del Congreso es "perversa", explica Lozano, "porque la Mesa contesta que al Gobierno no le compete el Tribunal de Cuentas, dice que es una institución independiente, pero su composición se decide en una ley que se aprueba en el Congreso", señala la parlamentaria de UPyD, que también critica la composición de la Mesa, en la que solo están representados tres de los siete grupos, a pesar de que algunos de los partidos que se han quedado fuera han sacado más votos que alguno que está dentro.
Rechazadas porque el rey es inviolable
Hasta ahora, las preguntas relacionadas con el rey, la Casa Real o la familia real, han sido las más vetadas, concretamente 82. Teniendo en cuenta que es el Estado, a través de los Presupuestos Generales y Patrimonio Nacional, quien dota de una asignación económica a la Casa Real y conserva sus bienes, parece coherente que los diputados que quieren aclarar dudas sobre aspectos de las actividades y el patrimonio de la familia real acudan al Ejecutivo. A finales de mayo, el Gobierno rechazó varias preguntas que había formulado el diputado de IU Alberto Garzón sobre los viajes oficiales del rey con empresarios.
Sus señorías han querido saber sobre la herencia recibida por el rey; la fiscalización que hace Hacienda de las declaraciones de IRPF y patrimonio de la familia real; sobre la princesa Corinna, la amiga del rey, a la que un diputado califica de "supuesta consejera estratégica y representante del rey"; sobre la cacería de elefantes del monarca en Botsuana; o sobre si Patrimonio Nacional tiene conocimiento de las donaciones que recibe la familia real. La verdad es que en 82 preguntas los diputados han cubierto todo tipo de aspectos sobre la Casa real. Han preguntado sobre los sueldos de los miembros de la familia real, sobre los ingresos de la Familia Real al margen de los presupuestos, sobre lo que importa o exporta la Familia Real o acompañantes en sus viajes oficiales, sobre quien paga los trajes de la familia real, o sobre si las compañías que prestan servicio en la Casa Real, "tales como las de electricidad, gas, teléfono, etc, cobran por ello".
El papel del rey el fallido golpe de Estado de 1981 también ha tenido varias preguntas. Todas han sido inadmitidas. La Mesa siempre argumenta que dichas materias entran dentro del ámbito del artículo 56.3 de la Constitución Española, que afirma que la persona del rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad", y que por lo tanto no está sometido al control parlamentario. En la actualidad hay seis preguntas en tramitación directamente relacionadas con la Monarquía, a la espera de que la Mesa dictamine si las permite o no.
99 preguntas de la trama Gürtel
Después de las preguntas relacionadas con la monarquía, las que tratan sobre las políticas de transporte del Gobierno y las políticas de ayuda a los discapacitados son las más formuladas. Sin olvidar la trama Gürtel. La Mesa rechazó 99 preguntas presentadas por dos diputados socialistas para conocer si muchos de los imputados en esta trama de corrupción se había sumado a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno, después de que se conociese que siete imputados en el caso habían regularizado casi 10 millones de euros entre los años 2008 y 2012.
Ante la negativa de La Mesa, al diputado le quedan solo dos tres vías: resignarse, reformular la pregunta y camuflarla como petición de informe cuando el asunto tratato lo permite, o acudir al Tribunal Constitucional, esta última una medida que de momento nadie ha utilizado.
Fuente: 20minutos.es
Ascensión de las Heras defiende que los cambios en la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual aprobados finalmente (con el único apoyo del PP) "lo único que pretenden es dar un giro a la ley, alejarla de los intereses generales y de los sectores artísticos, científicos, educativos y periodísticos"
La Audiencia de Granada libera al sindicalista Carlos Cano Navarro.
El sindicalista condenado junto con Carmen B.C. a tres años de prisión por participar en un piquete informativo en la huelga general de 2012 puesto en libertad durante la tarde de este mismo martes.
La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado este mismo martes la puesta en libertad de Carlos Cano,condenado a 3 años de cárcel junto a Carmen Bajo por su participación en un piquete del 15M durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Un grupo de cuarenta miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) comenzaron una huelga de hambre durante la mañana de este martes a las puertas de la prisión de Albolote, en la que Cano cumplía condena, y en la que debía entrar el próximo día 31 Carmen Bajo.
Los integrantes del SAT han sido precisamente quienes han informado a Público de la decisión de la Audencia provincial, confirmada desde el Defensor del Pueblo Andaluz.
Carlos Cano, cordobés de 25 años y licenciado en Medicina,ingresó en la cárcel de Albolote (Granada) el pasado 14 de julio, cuando se entregó voluntariamente en cumplimiento de una providencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 apremiando la ejecución de la sentencia que lo condenaba.
Tras el auto emitido hoy por la sección primera de la Audiencia de Granada, saldrá en libertad en las próximas horas, previsiblemente esta tarde, según fuentes penitenciarias.
Tanto Carlos Cano como la otra condenada, Carmen Bajo, una leonesa de 56 años afincada en Granada y de profesión animadora sociocultural aunque actualmente en paro, están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores por su participación en un piquete informativo durante la huelga general de marzo del 2012 en Granada, por el que fueron condenados a tres años y un día de prisión.
También les fue impuesta una multa de 3.655 euros a cada uno y, en el caso de Carlos, una indemnización de 767 euros que pagó a los propietarios del local en el que fueron identificados. La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.
Carlos presentó recientemente una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia junto con la petición de suspensión de la ejecución de la condena hasta el fin del trámite, una medida a la que Carmen, a quien le fue concedido el aplazamiento de entrada en prisión hasta final de este mes, también iba a acogerse.
Fuente (más información y vídeos): publico.es
domingo, 20 de julio de 2014
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