viernes, 25 de enero de 2013

La Izquierda Plural (IU-ICV/EUiA-CHA), UGT y CC.OO. exigen al Gobierno un cambio de rumbo e insisten en que seguirán las movilizaciones.

Sindicatos e Izquierda Plural coinciden en que hay alternativa a las políticas de austeridad, que ven fracasadas
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y los  sindicatos UGT y CC.OO. han exigido este martes al Gobierno un cambio de rumbo ante el "fracaso" de sus políticas económicas y han insistido en que si no se produce seguirán las movilizaciones. Ambas partes coinciden en que existe alternativa a las medidas de austeridad y recorte.
El presidente de la Izquierda Plural y coordinador federal de IU, Cayo Lara, se ha reunido este martes en el Congreso durante algo más de hora y media con los secretarios generales de las dos principales plataformas sindicales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.), que le han presentado el documento 'Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española'.
En este análisis, los sindicatos reclaman un calendario más amplio de cumplimiento de déficit y una reforma fiscal para conseguir más recursos que destinar al impulso de la economía y el empleo, así como mejorar las condiciones de acceso al crédito, crear una banca pública a raíz de las entidades nacionalizadas y emplear su stock de viviendas para un parque social en alquiler.
Estas propuestas fueron remitidas a finales de diciembre al Gobierno (que ya contestó comprometiéndose a estudiar "detenidamente" la propuesta), a todos los grupos parlamentarios, con los que los sindicatos se quieren reunir (ya lo han hecho con el PSOE) y a la patronal CEOE (con la que se está buscando una fecha para reunirse y negociar la iniciativa).

GRAN COINCIDENCIA

Así, tanto Lara como los líderes sindicales han asegurado a la prensa tras el encuentro que mantienen una "coincidencia muy amplia" con respecto a los asuntos abordados en el documento, tanto en los aspectos nacionales como en los que tienen que ver con las políticas de la Unión Europea.
En este sentido, el líder de la Izquierda Plural ha subrayado que "lejos de la resignación y de la irreversibilidad de las medidas del Gobierno, hay una alternativa posible, real y aplicable, que pasa por reformas fiscales, lucha contra el fraude e incorporación de recursos a la Hacienda pública, y no por las políticas de austeridad y recortes que llevan a más paro y recesión".
"Hay una alternativa que puede ilusionar y abrir una vía de esperanza", ha dicho, señalando que también a nivel comunitario hacen falta cambios para conseguir una "política de inversión activa" del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una baja de tipos de interés del crédito y una intervención "directa" del Banco Central Europeo (BCE) en la compra de deuda soberana.
Sólo así, asegura, se podrá evitar el "desastre económico" la "desestructuración social y la pobreza que también se están produciendo". "Lo importante ayer, hoy y mañana es el empleo y el desarrollo social. Seguiremos intentando que la agenda no se desvíe, porque también parece que hay mucho interés en que se desvíe el foco de atención del empleo y de las políticas sociales", ha dicho Lara, que se ha comprometido a seguir apoyando las movilizaciones sindicales y a presentar iniciativas parlamentarias en esta línea.

NO CABEN LAMENTACIONES

Por su parte, Cándido Méndez ha reiterado que frente al "fracaso de las políticas" del Ejecutivo 'popular "no caben lamentaciones ni muchísimo menos seguir insistiendo en un camino fracasado". "Hay alternativas distintas, eficaces y que pueden romper esa tendencia de aumento de la destrucción de empleo", ha dicho.
Y es que, a su juicio, ni se va a alcanzar la "prioridad absoluta" del primer año de Gobierno de Mariano Rajoy --la reducción del déficit-- ni se van a atajar los tres grandes problemas que más preocupan, según Méndez, a la ciudadanía: el paro, el "aprovechamiento de la recesión para expoliar servicios públicos y derechos laborales" y la "impunidad de todos los responsables de lo que ha acontecido y acontece".
"Ese camino hay que cambiarlo profundamente y nuestra propuesta, de manera razonable, clara y respaldada por los acontecimientos, da una respuesta cumplida, eficaz y plantea como prioridad absoluta la lucha contra el paro. Sí hay alternativa, y en España y en Europa hay que definir como prioridad absoluta la lucha contra el paro", ha zanjado el líder de UGT.

HACE FALTA NEGOCIAR

Por su parte, el secretario confederal de Acción Sindical y Empleo de CC.OO., Ramón Górriz, ha sido el encargado de dirigirse a la prensa, dado que Toxo ha tenido que dejar la reunión antes de que finalizara para atender otros asuntos.
Así, el responsable de Empleo de Comisiones Obreras ha instado al Gobierno a "negociar para salir de la crisis" y para abordar el "principal problema" que atraviesa actualmente España: la destrucción de empleo, que se ha visto agravada por las políticas de austeridad puestas en marcha por el Ejecutivo.
También ha rechazado que se esté intentando "aprovechar la situación de crisis para cambiar el modelo social y el modelo democrático y desmantelar el Estado del Bienestar", abordando reformas como la de laJusticia que, a su entender, nada tienen que ver con la recesión económica.
"En un año de Gobierno del PP ha aumentado el paro y el conflicto social puede continuar, a no ser que el Gobierno haga un cambio de sus políticas, lo que significa también cambios (las reformas) que se están planteando para una restricción de las libertades", ha añadido.
A la reunión han asistido también los diputados Joan Coscubiela (ICV) y Chesús Yuste (CHA), la secretaria de Migraciones de CC.OO., Paloma López, y los secretarios ejecutivos de UGT Toni Ferrer y Frederic Monell.

Fuente: informacion.com

Chunta Aragonesista. La mejor auditoría de la corrupción del PP, #alasurnasYA

En el Consello Nazional de CHA (ejecutiva del partido) celebrado el pasado martes, se analizó la actual coyuntura política en el Estado español, marcada por la corrupción instalada en el PP. El presidente de CHA, José Luis Soro, tras reivindicar que “no todos los partidos somos iguales”, recordó que“los que son iguales son todos los corruptos, sean del PP, del PAR, del PSOE o de CIU”. Y expresó su rechazo al pacto general contra la corrupción propuesto desde el PP, porque solo se pretende “socializar sus casos de corrupción y que metamos los pies en su femera”.
Desde CHA se reclama a Mariano Rajoy que, si realmente quiere hacer una auditoria, “convoque elecciones y vea lo que opina el pueblo de los casos de corrupción”. Soro reclamó que “el Tribunal de Cuentas, Hacienda y quien haga falta investigue el caso, pero que el Gobierno se enfrente a la realidad de la calle, la que está harta de que le recorten y le roben para engordar los bolsillos de una panda de corruptos”.
Para CHA la propuesta del PP de un pacto contra la corrupción “es indecente teniendo en cuenta lo manchadas que tienen las manos”. Para Soro, “pretenden socializar también sus casos de corrupción y que metamos los pies en su femera para que parezca que todos somos lo mismo”. CHA ya propuso medidas en las Cortes de Aragón contra la corrupción,n pero chocaron contra el muro del PP, PAR y PSOE.
La propuesta de CHA pasa por que la financiación de los partidos políticos sea pública y por “impedir que las empresas privadas destinen dinero, porque, a la larga, es un cheque por favores pasados o venideros”. Además, añade Soro, “con una financiación transparente será más fácil que el Tribunal de Cuentas pueda saber de dónde sale cada euro y a dónde va”.
El presidente de CHA apunta que “es indecente que las personas imputadas por corrupción o que estén condenadas sigan ocupando puestos en instituciones” y va más allá al proponer que, “por compromiso con la transparencia, no se puedan presentar en listas electorales”.
WEB OFICIAL: chunta.org

jueves, 24 de enero de 2013

Cayo Lara: "Hay un fracaso estrepitoso del PP en lo que tiene que ver con el empleo". Joan Coscubiela: "La reforma laboral ha abierto una autopista de seis carriles de destrucción de empleo"



Joan Coscubiela, UNA MIRADA A LA EPA DEL 2012
Tiempo habrá de analizar con más detalle, pero una primera mirada a la EPA confirma que por mucho que lo digan Rajoy y Guindos, en materia de empleo no hemos tocado fondo. Y lo que es más grave que el Gobierno continúa cavando en el fondo del pozo.
Menos población, especialmente extranjera, y menos población activa confirman que cunde el desaliento hasta el punto que muchas personas abandona la búsqueda de empleo. No constan como parados, pero no están ocupadas, son inactivas.
Desgraciadamente en el 2012 se ha destruido más empleo que en años anteriores y hay 691.700 desempleados más, un 13,12% más que hace un año. Lo que en un contexto de reducción de población activa aún es más grave.
Las personas ocupadas se han reducido en 850.000, un 4,78%. La reducción de la ocupación en el sector público durante el 2012 ha sido cercana al 7% (el 6,98%) fruto del desmantelamiento del Gobierno y CCAA del sector público. Pero, en contra de lo que dijo hace poco Rajoy en el Congreso, esa reducción también afecta al sector privado, que sufre una caída del 4,30% en términos interanuales.
Así que la crisis avanza, la destrucción de empleo se ceba en todos los sectores, territorios y colectivos. Esta dejando cadavérico nuestro sistema productivo, esta afectando al sector público como si le aplicaran técnicas de jibarización. Esta impactando de manera brutal en los jóvenes, especialmente sin formación. Y ya ha llegado con fuerza a las mujeres.
Estos datos vienen a confirmar la profundidad de la crisis, de la que tardaremos aún algunos años en salir, la profunda desigualdad que esta provocando, fruto del desigual impacto de las políticas aplicadas. Y la generación de zonas pérdidas, tanto en el tejido productivo, como con las personas, en forma de pobreza extrema y de nuevas formas de pobreza y de precariedad.
Pero la crisis no es la única responsable de este drama. No todos los países están igual, porque la especulación y dejación no ha sido igual en todos. Y también porque no todos han aplicado las mismas políticas. Que Rajoy y Mas entre otros hayan querido ser los alumnos aventajados de la austeridad salvaje y suicida ha tenido sus consecuencias, Ahora lo reconocen todos, incluso los teólogos de la austeridad, los austericidas, pero el daño ya esta hecho.
Las políticas de recortes, la dejación en la reforma del sector financiero y la Reforma Laboral han sido cómplices necesarios de la crisis económica.
Los recortes han destruido empleo público a ritmos infernales y ha presionado a la baja la demanda interna, la falta de financiación a las empresas ha deteriorado el empleo privado y ha forzado la destrucción de empleo. Y la Reforma Laboral ha sido una monumental autopista de 6 carriles por la que han circulado todas las formas de desregulación y precariedad. Y en contra de lo que se dijo, la Reforma ha servido para los ajustes internos de salarios y condiciones de trabajo sin por ello dejar de utilizar el despido como mecanismo de ajuste. Al contrario la Reforma laboral ha incentivado las estrategias empresariales de destrucción intensiva y rápida del empleo.
Mientras, la gran reforma económica pendiente, la Reforma Fiscal, esta en el cajón de los recuerdos. Una de las promesas incumplidas de Rajoy, en unos momentos en que España tiene unos ingresos públicos del 32% del PIB, 8 puntos menos que la media de la UE y 15 puntos menos que los países más dinámicos, eficientes y con mayor cohesión social. Y el Plan de Reformas del Gobierno pretende llegar al 2016 con un diferencial de ingresos fiscales con Europa cercano al 9%.
Es una catástrofe, pero no una maldición Biblica. Son las consecuencias de la TEOLOGIA DE LOS RECORTES.


Joan Coscubiela: "Les dades de l'EPA demostren que la reforma laboral només ha servit per destruir ocupació enlloc de crear-ne"

El portaveu d'ICV al Congrés assegura que a Catalunya s'ha destruït més ocupació "com a conseqüència de les polítiques dels governs dels millors que han asfixiat el sector públic i han destruït ocupació"


El portaveu d'ICV al Congrés, Joan Coscubiela, ha lamentat avui les xifres de destrucció d'ocupació conegudes avui a partir de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i ha assegurat que " demostren que la reforma laboral només ha servit per destruir ocupació enlloc de crear-ne". "Que Rajoy i Mas entre d'altres hagin volgut ser els alumnes avantatjats de l'austeritat salvatge i suïcida ha tingut les seves conseqüències; ara ho reconeixen tots, fins i tot els teòlegs de l'austeritat, però el mal ja està fet", ha denunciat Coscubiela després que s'hagi sabut que Catalunya ha registrat una destrucció d'ocupació de 195.400 llocs de treball durant el 2012.
 "Malauradament el 2013 s'ha destruït més ocupació que en anys anteriors i hi ha 691.700 aturats més, un 13,12% més que fa un any", ha explicat Coscubiela que ha remarcat que "en un context de reducció de població activa encara és més greu". Així, per al diputat ecosocialista la "Reforma Laboral ha estat una monumental autopista de 6 carrils per la qual han circulat totes les formes de desregulació i precarietat" i, en contra del que es va dir "ha servit per la configuració interns de salaris i condicions de treball sense per això deixar d'utilitzar l'acomiadament com a mecanisme d'ajust". "Aquesta era l'autèntica agenda oculta del PP", ha criticat Coscubiela que ha assegurat que reforma laboral ha incentivat les estratègies empresarials de destrucció intensiva i ràpida de l'ocupació.

En relació a Catalunya, Coscubiela ha posat de manifest que és una de les CCAA en què més ha empitjorat l'ocupació "com a conseqüència de les polítiques dels governs dels millors que han asfixiat el sector públic i destruït ocupació". Per això, Coscubiela ha situat 4 propostes imprescindibles: negociar el calendari de reducció del dèficit espanyol amb la UE i fer una redistribució més equitativa entre l'Estat, les CCAA i les Administracions Locals, una reforma fiscal en profunditat per lluitar contra el frau, un pla de dinamització de l'ocupació garantint el crèdit a les PIMES, i una ampliació de la xarxa de Protecció Social amb la universalització d'una prestació garantida. "Només així podrem començar a aixecar el cap", ha assegurat Coscubiela.


Fuente: iniciativa.cat


García Rubio señala que la destrucción de empleo y los hogares con todos sus miembros en paro muestran el sufrimiento que el Gobierno impone a los trabajadores

El secretario federal de Economía y Empleo en funciones indica que “resulta impresentable que el equipo económico de Mariano Rajoy tras el evidente fracaso de la reforma laboral siga pidiendo a los trabajadores que esperen otro año para que la cosa cambie”

El secretario federal de Economía y Empleo en funciones de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha puesto de relieve hoy que “la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2012, que constata los casi seis millones de parados existentes, más del 26% de la población activa, refleja también que el desempleo ha crecido más que en 2010 y 2011 como consecuencia de los efectos de la fracasada reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, está el significativo dato de que se ha acelerado la destrucción de empleo, lo que completa el cuadro del sufrimiento añadido a la crisis que el Ejecutivo del PP ha impuesto a los trabajadores”.
García Rubio incide en que durante 2012 se han destruido 850.000 puestos de trabajo y más de 360.000 lo han sido en el último trimestre. Los datos de población activa se equiparan así a las cifras del 2003, por debajo de los 17 millones de personas, lo que significa otra sentencia inapelable más en contra de la reforma laboral”.
“Además –añade el dirigente federal de IU-, los hogares con todos sus miembros en paro aumentan en un 16,4% hasta alcanzar la terrible cifra de 1.800.000. Por tanto, no sólo hablamos del fracaso de la política de reformas y recortes del Gobierno de Rajoy sino de que estas medidas han sido impuestas sabiendo las nefastas consecuencias que tendrían para cientos de miles de familias”.
José Antonio García Rubio destaca también que “los parados de larga duración, es decir, aquellos que llevan sin trabajo más de un año, suman ya 2.789.000. Este dato vuelve a subrayar que no se incumplen todos los objetivos marcados por las reformas del Gobierno”.
“Frente a este panorama, resulta impresentable que el equipo económico de Mariano Rajoy siga pidiendo a los trabajadores que esperen otro año para que la cosa cambie. Además, hay poco margen para el optimismo teniendo en cuenta que muy posiblemente, por las tendencias ya apuntadas por la Oficina de Estadísticas de la UE, continuará agravándose de forma acelerada”, indica.
El responsable económico de IU afirma que “los expertos internacionales no confirman ninguno de los ‘brotes verdes’ que esgrime el Gobierno. Las esperanzas de una recuperación del sector exterior como motor de una demanda que genere empleo son también más que discutibles ante la situación de estancamiento de la economía internacional. El propio FMI ha empeorado sus previsiones para España”.
José Antonio García Rubio muestra la necesidad de “poner en marcha un conjunto de medidas urgentes para la creación de empleo y la integración social. Izquierda Unida seguirá poniendo sobre la mesa en las próximas semanas propuestas concretas en este sentido, pese al reiterado rechazo hacia ellas mostrado por el Gobierno del PP”.

Maite Mola y Willy Meyer participarán en la Cumbre de los Pueblos en Chile


LAS PROPOSICIONES DE LAS FUERZAS DE IZQUIERDA DE AMERICA LATINA Y DE EUROPA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL.
En el marco de la Cumbre de los Pueblos (Santiago 25-27 de Enero 2013) el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de São Paulo, dando continuidad a una colaboración que se viene dando hace varios años, convocan esta actividad de reflexión sobre temas comunes a Europa y América Latina.





Enlace: European-Left

- Maite Mola intervendrá dentro del panel de debate: "Como defender y ampliar la democracia: relación y rol de los partidos políticos y de los movimientos sociales"






- Willy Meyer intervendrá dentro del panel de debate: "¿Crisis internacional: cuales son las propuestas de la izquierda para superarla?"

Fuente: pce.es

miércoles, 23 de enero de 2013

Herrera assegura que "l'únic camí per resoldre el conflicte amb l'Estat és el dret a decidir"


El president del grup parlamentari d'ICV-EUiA adverteix que "si avui no són capaços d'obrir un procés que parli model de societat que volem no serem capaços d'avançar en aquest procés ni d'incloure a les classes populars"

El president del grup d'ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya, Joan Herrera, ha assegurat avui durant el seu torn d'intervenció en el debat sobre la declaració de sobirania que el dret a decidir "és l'únic camí per resoldre el conflicte amb l'Estat". "Qualsevol solució per les relacions amb l'Estat passa pel diàleg de tu a tu. La societat catalana no pot acceptar cap nova relació amb l'estat que no sigui decidida per la ciutadania de Catalunya a partir d'una negociació d'igual a igual amb l'Estat", ha exposat Herrera en el ple del Parlament dirigint-se a federalistes i independentistes.  
Una situació de conflicte que, segons Herrera, ha arribat fins aquí per l'esgotament de la relació amb l'Estat, el trencament del pacte constitucional arran la sentència del TC i el consegüent silenci i indiferència del PSOE i el PP a més del menys teniment de la voluntat de la ciutadania de Catalunya que es va expressar en el referèndum de l'Estatut. 
D'aquesta manera, Herrera ha explicat que la coalició que lidera està en l'acord perquè "estem en la demanda d'un exercici de sobirania, que no descarta ni opta per cap de les opcions, s'ha acceptat el paper central del Parlament i de la societat civil i obrim un procés per carregar-nos de raons i esgotar tots els mecanismes possibles sense oblidar la cohesió social". "Només així estarem en l'acord des d'ICV-EUiA", ha dit el dirigent ecosocialista que ha assegurat que s'han incorporat totes i cadascuna de les peticions que feia la seva formació. "Es més important el com ho fem que el què fem", ha dit Herrera que ha indicat que aquests errors no es poden tornar a cometre en els futurs passos a seguir en l'exercici del dret a decidir. 
Herrera ha explicat que els principis que guiaran l'actitud de la seva formació a partir de l'aprovació de la declaració seran la "legitimitat democràtica i la legalitat" i la necessitat de tenir unes majories "àmplies i transversals" entre altres. Herrera s'ha referit en aquest punt al vot en contra del PSC a la declaració i ha qualificat l'acord de "satisfactori però insuficient" pel sentit de vot dels socialistes. 
Tot i així, ha dit Herrera, "buscarem aquesta majoria", en els passos successoris que s'hauran de fer en l'exercici del dret a decidir. Per a Herrera aquest "és un debat entre aquells que defensen la democràcia i aquells que no defensen la màxima expressió de democràcia" al mateix temps que ha assegurat que "Espanya ha de triar si és una democràcia o només és una Constitució" en referència a la legalitat d'una consulta a Catalunya. 
Finalment, Herrera ha tancat la seva intervenció fent un recordatori als diputats de la cambra de la importància de discutir sobre el model de societat mentre es fan tots els passos per l'exercici del dret a decidir. "Si avui no són capaços d'obrir un procés que parli de model de relacions laborals, de model democràtic, de model de societat que volem no serem capaços d'avançar en aquest procés ni d'incloure a les classes populars", ha advertit Herrera que ha fet exactament el mateix esment pels casos de corrupció que hi ha Catalunya. "No oblidarem els debats quotidians perquè la llibertat d'aquest país la guanyarem amb una educació pública de qualitat, deixant de ser el territori amb més desnonaments o no essent el lloc on pugen més els preus i es redueixen més els salaris", ha dit Herrera.

Alberto Garzón “No queremos pagar la deuda odiosa”. Texto completo de la Proposición No de Ley entregada al Gobierno de España.

Texto entregado al Gobierno de España
En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.
Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:
1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.
2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.
No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.
En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.
Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional.
Fuente: agarzon.net

Joan Saura revalida l'acta de senador

El del Ple Parlament ha aprovat avui els senadors que representaran la Generalitat al Senat

El president d'ICV, Joan Saura, que ha estat el senador més actiu a la Cambra Alta, ha tornat a ser avui escollit en el Ple del Parlament de Catalunya com a senador de designació autonòmica per representar la Generalitat al Senat tal com estableix l'article 61.A de l'Estatut de Catalunya.
Joan Saura va començar la seva carrera política a l'Hospitalet de Llobregat sent regidor pel PSUC des del 1979 fins el 1991 quan també va ser diputat provincial. Des del 1988 fins el 1995 va ser diputat per Barcelona al Parlament de Catalunya, i va ser el portaveu del grup parlamentari i president del grup a partir de 1993. El 1996 va ser elegit diputat al Congrés i va ser reelegit el 2000.
El 25 de maig del 2002 va ser elegit candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya per ICV-EUiA. Durant l'any 2002 ICV va llençar el Procés Participatiu i la campanya I tu què opines? on es van marcar com a objectiu per definir els grans eixos del programa de govern a partir de la participació dels ciutadans i ciutadanes, entitats i col·lectius, a través de la seva participació directa en diferents taules, fòrums i reunions de diversos formats. Una experiència de radicalitat democràtica que va donar el seu fruit en els 25 compromisos d'esquerres i ecologistes per governar Catalunya.
El 22 de desembre de l'any 2003 assumeix el càrrec de conseller de Relacions Institucionals i Participació. Del 29 de novembre de 2006 fins a desembre de 2010 exerceix el càrrec de conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Des del febrer del 2011 ha estat senador adscrit a l'Entesa on ha estat el portaveu en les comissions de Medi Ambient i Canvi Climàtic i en la d'Afers Iberoamericans a més de ser vocal de la comissió general de les Comunitats Autònomes.
Fuente: iniciativa.cat

Ricardo Sixto reclama al Gobierno de Rajoy que explique si justifica que el Ejecutivo valenciano del PP tenga que pagar con dinero público 118 millones de deuda privada del Valencia, Hércules y Elche

El diputado valenciano de IU afirma que “esta situación choca frontalmente con la que se vive en el País Valencià, donde los responsables gubernamentales del PP no pagan a las farmacias, aplazan el dinero debido a las personas dependientes y ejecutan sin ningún rubor recortes sociales”

El diputado de Izquierda Unida por Valencia y portavoz adjunto en la Comisión de Educación y Deporte, Ricardo Sixto, ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy explique por escrito si considera justificables conductas como la del Gobierno del PP de la Generalitat Valenciana “de priorizar la asunción de la deuda de clubes de fútbol antes que garantizar servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales”.
Sixto sale así al paso del hecho de que el “Gobierno autonómico valenciano del PP haya comprometido 118 millones de euros de dinero público para avalar a través del Instituto Valenciano de Finanzas distintos créditos concedidos al Valencia, al Hércules y al Elche, equipos con deudas multimillonarias, que ya han asegurado que no están en condiciones de pagar dichos préstamos”.
Para el parlamentario valenciano de IU, “esta situación choca frontalmente con la que se vive en el País Valencià, donde los responsables gubernamentales del PP no pagan a las farmacias, aplazan el dinero debido a las personas dependientes y ejecutan sin ningún rubor recortes sociales”.
La pregunta parlamentaria de Sixto requiere también al Gobierno central que exponga si “considera justo el rescate económico de entidades financieras y también deportivas de carácter privado con fondos públicos” administrados por sus compañeros de partido en la Generalitat Valenciana, ya que en este caso, una vez más, “un problema privado ha pasado a ser público”. 
Sixto valora que el Ejecutivo de Rajoy debe pronunciarse públicamente sobre esta delicada cuestión “ya que en reiteradas ocasiones no ha tenido problemas de ‘colgarse la medalla’ sobre la disciplina presupuestaria a la que ha sometido a los gobiernos autonómicos para que reduzcan sus respectivos déficits, que en el País Valencià es especialmente significativo”.
“Es tremendo constatarlo –indica en su iniciativa-, pero la conclusión a la que se llega, en medio de una situación económica y social pavorosa, es que el fútbol es lo primero”. Los ciudadanos valencianos “van a pagar los créditos” que en su día pidieron el Valencia a Bankia, el Hércules a la CAM y el Elche a la CAM y al Banco de Valencia.
En este contexto, el diputado de IU amplía el objetivo de su iniciativa y pide al Gobierno central que detalle si tiene constancia “de la posible financiación de los clubes de fútbol Valencia CF, Elche y Hércules con fondos provenientes de otros eventos deportivos realizados en la Comunidad Valenciana?”
Ricardo Sixto realiza la misma pregunta en sentido contrario e interpela al Gobierno sobre si “¿Han colaborado de alguna forma estos mismos clubes de fútbol con la organización de eventos deportivos como, por ejemplo, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia, la 32ª y 33ª America’s Cup o el Open de Tenis 500, celebrados también en la capital o la salida de la Volvo Ocean Race Vuelta al Mundo de Vela desde Alicante, o el Masters Castelló Costa Azahar de Golf?” 
El parlamentario valenciano recuerda que en otra iniciativa parlamentaria, en marzo de 2012, IU ya preguntó sobre la “deuda agregada” de todos los clubes de fútbol. El Gobierno respondió, aunque sin detallar equipo por equipo, que los clubes profesionales debían a la Agencia Tributaria 752 millones de euros a fecha 1 de enero de 2012. Se da la circunstancia de que en respuesta a la misma cuestión realizada la legislatura anterior el Ejecutivo de entonces ya indicaba que esta misma deuda ascendía, a 30 de abril de 2008, a algo más de 607 millones de euros” Es decir, casi 150 millones menos.
“El Gobierno de la Generalitat valenciana –denuncia Sixto- estaba perfectamente informado de lo que pasa con los equipos de fútbol y sus dificultades económicas, tanto en el conjunto del Estado como en nuestro territorio. Por tanto, todos deberían exigirle, como lo llevamos haciendo desde hace años en Esquerra Unida del País Valencià que no juegue con el dinero público y con los impuestos que tanto cuestan pagar a las ciudadanas y ciudadanos valencianos”.
Fuente: izquierda-unida.es

Al carrer i a les institucions amb EUPV


Amanda Meyer: "Señores/as del PP vayan haciéndose con papel y tinta que no van a dar abasto con los nombres de nuestr@s activistas que defienden sus derechos #ListaNegra"

Izquierda Unida constata la existencia de “listas negras” elaboradas por Interior que incluyen datos personales de altos cargos de la Junta y parlamentarios andaluces

La Consejera de Fomento, Elena Cortés; el representante de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba, Pedro García; el senador andaluz y secretario general del PCA, José Manuel Mariscal y la parlamentaria Alba Doblas entre los señalados en las listas en Córdoba a las que ha tenido acceso IULV-CA
“Esto constata que existen listas negras del Gobierno de Rajoy donde se incluyen a ciudadanos que protestan por sus derechos”. Así se lo ha denunciado en rueda de prensa Alba Doblas, la viceportavoz del Grupo Parlamentario andaluz de IU, quien ha denunciado ante los medios de comunicación la existencia de estas listas que, a su juicio, también “supone una prueba fehaciente de la persecución que sufrimos los miembros de Izquierda Unida por parte del Ministerio de Interior desde que el PP accedió al poder”.
Los documentos contienen nombres, apellidos, direcciones, DNI, fechas de nacimiento y nombres de los padres, de ciudadanos y miembros de IU que, en algunos casos, participaron en la manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero en solidaridad con los estudiantes de Valencia y otros datos de personas que no participaron en esta protesta.
Así lo ha señalado Alba Doblas, quien ha apuntado el error que ha cometido la Subdelegación del Gobierno en Córdoba entregando copia del documento en el que aparecen los nombres y datos de determinadas personas que acudieron a la manifestación.
Este documento, que obra en poder del Grupo Parlamentario de IULV-CA y que ha sido mostrado a los periodistas durante la rueda de prensa, le fue entregado a un particular que se personó en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para consultar las posibles sanciones por su participación en dicha movilización, según ha explicado Doblas, quien ha criticado que cualquiera puede acceder a un expediente con datos personales e incluso llevarse una copia.
La diputada de IULV-CA ha anunciado que tanto ella como el resto de los miembros señalados en la lista van a presentar en los próximos días una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, ante la "vulneración" de sus derechos "más elementales" como el de la intimidad y el honor de las personas y otra a la Subdelegación del Gobierno.
En la lista figuran también otros nombres de miembros de Izquierda Unida y de la Juventud Comunista de Córdoba como Juan Hidalgo, Jorge Lucena o quien no estuvo en la protesta como Juan Antonio Aguilar, que se encontraba en una reunión del Consejo de la Juventud, tal y como figuran en las actas de dicho órgano.
"El Ministerio del Interior considera como activistas peligrosos a miembros del Gobierno andaluz y de IULV-CA por ir a una manifestación en defensa de estudiantes", ha destacado Doblas, quien ha dicho tener conocimiento de que estas "listas negras" no sólo se han realizado en Córdoba, sino también en otras provincias como Málaga.
Fuente: iuandalucia.org

IULV-CA denuncia una "lista negra" de Interior con datos personales de Cortés, Mariscal y Doblas Leer más

Declaración de Izquierda Anticapitalista: Hay que unir todas las Mareas en un tsunami contra los recortes

Declaración de Izquierda Anticapitalista. Enero 2013
La situación económica y política en el Estado español continúa deteriorándose a pasos agigantados. En este contexto, siguiendo las indicaciones de la Troika formada por Bruselas, el BCE y el FMI, el PP ha lanzado un ataque brutal contra los servicios públicos de sanidad y de enseñanza. Tanto uno como otro, de tener éxito, pueden significar un retroceso a la época franquista y una pérdida gigantesca de derechos, así como una casi completa indefensión sanitaria y educativa para la mayor parte de la población del Estado.
Los ataques repetidos del PP a los derechos sociales y políticos de la gente trabajadora están provocando una erosión de la base social de este partido, que día a día pierde apoyos, hallándose ya lejos de los que tenía cuando triunfó en las elecciones generales del 2011. El nuevo y sonado escándalo de corrupción en torno al antiguo tesorero Luís Bárcenas, que repartía sobres de dinero negro entre los cargos directivos del PP y con una cuenta en Suiza de 22 millones de euros, puede ser un golpe muy duro para la organización. El PSOE, incapaz de encontrar una estrategia alternativa a la que ha venido desarrollando durante todos estos años, permanece estancado a escala estatal y sufriendo nuevas derrotas históricas en los comicios autonómicos. Izquierda Unida, aunque crece electoralmente, continúa presa de su cultura institucionalista, como demuestra su participación con el PSOE en el gobierno de Andalucía. La emergencia de la Alternativa Galega de Esquerdas y, sobre todo, de la CUP en las elecciones catalanas, significan avances, aunque la ausencia de una alternativa política anticapitalista con audiencia de masas sigue pesando como una losa en el escenario político del Estado español.
Tras la Huelga General del 14N, se ha producido una nueva parálisis en la iniciativa de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Ahora el epicentro de las luchas ha pasado a la Comunidad de Madrid, donde la Marea Blanca continúa batallando contra la privatización de la sanidad, tras la aprobación el 27 de diciembre pasado, por parte del PP, de los instrumentos legales que la permiten. El desenlace de esta lucha será de capital importancia para el futuro de la sanidad pública aunque igualmente para el desarrollo de la lucha general contra la crisis. Pero también están en marcha convocatorias como la de estudiantes para el 5, 6 y 7 de febrero, la jornada “contra el genocidio financiero” de la PAH el 16 de febrero o el “tsunami” de la Marea Ciudadana contra los recortes del 23F.
Para hacer frente a la crisis e imponer una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía resulta imprescindible coordinar todos los movimientos en lucha y dotarlos de una agenda conjunta de movilización a medio y a largo plazo con el fin de conseguir objetivos claros y precisos de salida a ésta. En este sentido, la iniciativa de “Marea Ciudadana”, surgida recientemente, puede ser un germen de espacio de coordinación y de creación de agenda común para los movimientos. Hay que unir todas las Mareas en un tsunami contra los recortes que los sepulte definitivamente bajo sus olas.
Mientras avanzamos hacia el precipicio, el PP ataca con saña la sanidad y la educación públicas
La situación del desempleo avanza hacia el precipicio. Se prevé que la próxima Encuesta de Población Activa de finales de enero dé ya una cifra del 26% de población en situación de paro y la misma CEOE vaticina un 26,6% para el 2013; sigue produciéndose una destrucción masiva de tejido industrial, los salarios se reducen aun más, la precariedad aumenta, los precios- incluyendo los de productos y servicios básicos -suben, los cierres de empresas y EREs son el pan de cada día; el año 2012 ha significado un nuevo récord-según los datos oficiales publicados en diciembre pasado por el Consejo General del Poder Judicial -en el número de desahucios ejecutados. Los efectos de la aplicación de la Reforma Laboral del PP han sido brutales y han acelerado los procesos descritos de manera notoria.
En este contexto de verdadero apocalipsis económico, el PP- guiado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI y siguiendo también a pies juntillas los dictados de la FAES de Aznar -ha lanzado nuevos y terribles ataques contra la sanidad y la educación públicas. El 27 de diciembre pasado, el PP de Madrid aprobó- pese a las masivas protestas de personal sanitario y usuarias y dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2013 -las herramientas legales para ceder la gestión sanitaria a las empresas privadas. En el caso de que el PP consiguiera llevar adelante lo formal y legalmente aprobado, ello supondría que aproximadamente un tercio de la población madrileña fuera atendida por hospitales privados y que la sanidad pública quedara estructurada para propiciar las ganancias de las empresas del ramo, como Capio, Sanitas, etc., generando la indefensión sanitaria de una parte importante de la ciudadanía madrileña. Resulta obvio que Madrid es un laboratorio y experiencia piloto que señalará el camino a seguir en la mayor parte de administraciones autonómicas.
La LOMCE del ministro Wert supone un retroceso de la enseñanza pública no universitaria a la época franquista: segregación del alumnado desde tempranas edades, control rígido de los contenidos académicos mediante imposición de pruebas externas de evaluación, concepción arcaica de los currículos y metodologías de enseñanza, pérdida de competencias de los consejos escolares a manos de directores controlados por la administración, constitución de centros en los que se producirán segregaciones masivas por tipología del alumnado, admisión del profesorado conforme a los criterios de dirección y de la administración, reducción de derechos laborales y de seguridad en el puesto de trabajo de los docentes... Todo lo anterior se añadirá a los efectos ya producidos por las disminuciones de plantillas de profesorado, aumentos de ratios escolares, freno en el mantenimiento de las infraestructuras y dotación de nuevas, que se han ido imponiendo a través de sucesivas modificaciones legislativas tanto centrales como autonómicas. De esta forma la enseñanza pública puede quedar reducida a una mínima expresión y adaptada a las necesidades de un mercado que requiere de mano de obra barata y poco cualificada.
El ataque al sistema educativo está afectando también, de manera muy grave, a las enseñanzas universitarias. La aplicación del Plan Bolonia ha supuesto ya un encarecimiento enorme de las matrículas, la desaparición de becas y ayudas para el alumnado y el pago obligatorio de las enseñanzas posteriores a las de Grado. Las plantillas de profesorado y la dotación para infraestructuras se han visto muy mermadas y las enseñanzas, en su conjunto, se orientan a satisfacer exclusivamente las necesidades de los mercados.
Pero aunque la sanidad y la educación son en estos momentos los frentes principales en los que se desarrollan los ataques del PP, estos abarcan también el conjunto de los servicios públicos o de gran importancia social: transportes, suministros de agua y energía eléctrica, recogida de basuras, asistencia social y a la dependencia, costo de los procesos legales y un largo etcétera. Los medios de comunicación públicos también están en almoneda, con la subsiguiente pérdida de puestos de trabajo y de despidos masivos.
El régimen surgido de la Transición se está viniendo abajo no sólo en lo relativo al modelo económico que ha imperado durante su vigencia, sino también en el terreno político: las instituciones, comenzando por la misma monarquía, muestran día a día la corrupción de muchos de sus integrantes y su supeditación más rastrera a los poderes económicos y financieros; la Constitución niega los derechos de las naciones integrantes del Estado y cuando es modificada los cambios tienen como objetivo satisfacer el pago de la deuda a los bancos.
En este contexto, la policía actúa brutalmente contra los distintos movimientos sociales de protesta, avanzándose día a día en la instauración de un estado represivo, una de cuyas últimas demostraciones ha sido la irrupción policial en una reunión de la PAH de Elda, en el País Valencià. Se combina la represión policial con la indefensión jurídica mediante la imposición de tasas inasumibles para la ciudadanía en los procesos judiciales.
El movimiento soberanista surgido en Catalunya tras el pasado 11 de setiembre constituye un fenómeno de capital importancia para impulsar la desintegración del actual régimen. Los intentos de CiU por capitalizar este movimiento y darle un sesgo nacionalista de derechas para así facilitar su política de recortes sufrieron un traspiés de gran magnitud en las elecciones catalanas pasadas. Aunque el futuro del soberanismo catalán está aún por definir, todo apunta a que, en esta ocasión, Catalunya se encamina de manera decidida hacia la autodeterminación y a que este proceso tendrá repercusiones importantes en el conjunto del Estado y en particular en Euskadi.
Los partidos institucionales, impotentes ante la crisis
Las políticas antisociales y de recorte de libertades del PP están pasando factura a éste partido. Junto a este factor fundamental de descrédito social, aparece ahora también el de la corrupción que, si bien no ha dejado de acechar al PP desde el caso Gürtel, se recrudece al ser desvelados los sobresueldos en dinero negro repartidos por el antiguo tesorero del partido, Luís Bárcenas. El gravísimo caso de Bárcenas se añade no sólo a la historia anterior de corrupción del PP, sino a otros casos muy recientes como el del fichaje del exconsejero de sanidad de Madrid, Juan José Güemes, por la empresa Unilabs, a una de cuyas filiales se adjudicaron laboratorios durante su mandato; la compra de un lujoso ático por 770.000 euros del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; o la campaña de desagravio y liberación de Ángel Carromero, tras su encarcelamiento en Cuba por el homicidio involuntario de los anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero. La coincidencia en el tiempo del descrédito social causado por sus políticas con los escándalos de corrupción podría llegar a afectar de manera importante a la estabilidad interna del PP. En estos momentos, las encuestas ya señalan una caída de 16,5 puntos del PP desde su momento álgido cuando venció en las elecciones de noviembre del 2011.
A pesar de la erosión evidente de la base social del PP, el PSOE no consigue recuperarse. Las mismas encuestas que antes indicábamos muestran como los socialistas se mantienen en el mismo nivel de escaso apoyo social que significó su descalabro histórico en las últimas elecciones generales. El hecho tiene una explicación sencilla: además de que el recuerdo de la última época del gobierno Zapatero permanece relativamente fresco en la memoria colectiva, la sustitución de éste por Rubalcaba no ha significado ningún cambio sustancial en los enunciados políticos generales del PSOE. El Partido Socialista sigue sin tener alternativa alguna a las políticas neoliberales y de recortes que se están desarrollando y que este mismo partido inició en el 2010 y su único horizonte parece ser el del presidente francés François Hollande, cuyas timoratas propuestas alternativas iniciales se van difuminando según transcurre su mandato.
Izquierda Unida ha experimentado un ascenso de sus expectativas electorales cercano a los 8 puntos y una parte de su militancia se ha comprometido en los diferentes movimientos sociales de lucha contra la crisis. Sin embargo, este partido sigue lastrado por una cultura pactista y de integración institucional, que lo ha llevado a formar parte junto con el PSOE del gobierno andaluz o a firmar un pacto de legislatura en Asturies con los socialistas. A pesar de las tensiones que estos acuerdos ha generado dentro de IU, lo cierto es que finalmente no se ha producido ninguna rectificación al respecto. La reelección de Cayo Lara en la X Asamblea Federal se ha producido mediante la integración en la nueva dirección de las diferentes corrientes de la organización, incluyendo a destacados dirigentes de su “ala izquierda”. Este hecho parece descartar cualquier posible rompimiento de la organización por la izquierda o incluso la consolidación de alguna corriente importante de izquierdas en su seno. Así pues, aunque IU ha mejorado su situación dentro del espectro político institucional y una parte importante de su militancia participa en las diversas luchas sociales, su dirección sigue presa de una orientación cortoplacista que la encamina a ser el socio menor en gobiernos autonómicos diversos y, si salen las cuentas, incluso a escala estatal. También la organización populista de derechas UPyD se ha visto beneficiada por la pérdida de apoyos del PP y por el agravamiento de la crisis. El crecimiento de los apoyos sociales de este partido es un fenómeno complejo, porque si bien supone un rechazo de las políticas que se están desarrollando, capitaliza el descontento orientándolo hacia posiciones que no suponen una alternativa a la crisis y furibundamente españolistas.
Catalunya, Euskadi y Galiza tras sus elecciones autonómicas
Comentario aparte merece la situación existente en Catalunya, Euskadi y Galiza tras las elecciones autonómicas que han ido teniendo lugar en estas naciones. Las elecciones catalanas han significado, a pesar de su victoria, un descalabro para CiU. Este partido intentó capitalizar la marea soberanista para así poder seguir desarrollando su política de recortes, cuya dureza es igual o mayor que la correspondiente del PP. Sin embargo, fracasó de manera estrepitosa en su objetivo: en síntesis, los convergentes han retrocedido en casi ocho puntos; el PSC fue también castigado perdiendo casi cuatro; ascendió mucho- 6,7% -ERC, un poco ICV- 2,7% -y apareció en escena la alternativa de izquierdas CUP con un 3,47%; y finalmente la derecha dura y españolista, representada por PP y Ciutadans, subió también alrededor de 5 puntos aunque la mayoría de éstos- 4,17% -fueran para Ciutadans. Todo lo anterior significa un corrimiento hacia la izquierda del espectro institucional catalán, si bien acompañado de una polarización de menor envergadura en sentido contrario (votos PP y Ciutadans).
En Galiza el PP sufrió sólo un pequeño retroceso, que no llegó al 1%, en las últimas elecciones, mientras que el PSG se hundía perdiendo más de diez puntos y el BNG retrocedía también seis. Sin embargo, ha aparecido en escena la Alternativa Galega de Esquerdas (coalición de ANOVA con EU) que ha conseguido un 13,90% de los votos. En conjunto el voto de derechas ha permanecido inalterado y el de izquierdas y nacionalista se ha diversificado pero una parte notoria de él decantándose hacia la opción más radical de AGE.
En el País Vasco, el PSE sufrió otro descalabro, perdiendo más de once puntos y medio, el PNV triunfaba pero retrocediendo casi cuatro puntos en relación a los anteriores comicios autonómicos, el PP poco más de dos, mientras que una Izquierda Unida dividida en dos aumentaba en conjunto ligeramente su porcentaje anterior del 3,5% pero se quedaba sin representación. La segunda fuerza fue EH Bildu, con un 25% de los votos, aunque quedara por debajo de sus propias previsiones.
Los movimientos sociales en lucha contra la crisis
Desde que la crisis se inició se han producido ya dos Huelgas Generales de un día, apareció el 15M y después el 25S, se han desarrollado protestas sectoriales importantes en educación y en sanidad a través de las mareas verde y blanca y en la minería asturiana y han tenido lugar múltiples conflictos de carácter más local.
Tras la última Huelga General del 14N, muy exitosa en cuanto a participación en las manifestaciones y a seguimiento ciudadano, los grandes sindicatos, CCOO y UGT, han vuelto a quedar paralizados y sin plantear un plan coherente de movilizaciones y de objetivos contra la crisis. El X congreso de CCOO parece que se va a saldar sin suponer cambios sustanciales en la estrategia de esta organización, que sigue a remolque de los acontecimientos, sin plantearse un horizonte de ruptura con la política de concertación desarrollada durante decenios y dando por buenos parte de los razonamientos de la patronal y del gobierno en cuanto a la necesidad de efectuar recortes y de saldar la deuda existente. Tales concepciones hacen que cualquier pretensión de atenuar la crisis o de salir de ésta se convierta para éste sindicato en la cuadratura del círculo, porque realmente no existe alternativa posible sin una ruptura radical con las políticas de ajustes y encaminadas al pago de la deuda.
La falta de perspectiva de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, así como las limitaciones, tanto estratégicas como de incidencia, de otras fuerzas sindicales, hace que cuando las primeras quedan paralizadas deje de producirse cualquier respuesta de conjunto a la crisis. Pero como la gravedad de los ataques es mucha y la presión para hacerles frente existe, se producen movimientos de respuesta sectoriales de bastante relevancia, aunque insuficientes.
Ahora mismo el epicentro de las luchas se sitúa en la lucha contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid y su desenlace puede ser determinante tanto para el futuro de la sanidad pública como para la lucha general contra la crisis. Como manifestó en una declaración la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de Madrid: “Los cambios votados todavía los tienen que aplicar. Y en eso consiste la segunda parte de esta batalla: en si lograremos o no evitar que se apliquen, e incluso en el grado de su aplicación.” Las espadas, efectivamente, siguen en pie, como se ha demostrado en las dos convocatorias del 7 y del 13 de enero, de la marea blanca madrileña.
Pero también en respuesta al intento de aprobación de la LOMCE de Wert podemos encontrarnos pronto con nuevas acciones sectoriales de importancia. De momento algunas de las convocatorias, como las manifestaciones del 9 de febrero en el País Valencià, tienen un ámbito territorial limitado, pero pueden extenderse. El sindicato de Estudiantes, sin embargo, ha lanzado una convocatoria estatal para los días 5, 6 y 7 de febrero. Para el día 16 de febrero la PAH convoca también una jornada de lucha estatal con manifestaciones “Contra el genocidio financiero”.
La Marea Ciudadana
Uno de los problemas fundamentales al que nos enfrentamos en estos momentos sigue siendo el de la dispersión y sectorialización de las luchas y de los movimientos de protesta. En este sentido la iniciativa de Marea Ciudadana contra los recortes, que realiza una primera convocatoria el próximo 23 de febrero, podría ser un buen punto de partida para hacer frente a tal dificultad. En la Marea Ciudadana participan personas de los diferentes movimientos sociales en lucha: Marea Blanca (sanidad), Marea Verde (educación), la Marea Roja (paro), PAH (hipotecas), Movimiento 15M, Coordinadora 25S. También están presentes organizaciones o agrupamientos políticos como Equo, Frente Cívico e Izquierda Anticapitalista. El reto que tiene ante sí la Marea Ciudadana, además de conseguir que su primera convocatoria del 23F sea un éxito, es poder convertirse en un ámbito de coordinación efectiva de los diferentes movimientos en lucha, para lo cual es preciso una integración organizativa de éstos y no sólo la presencia a título individual de personas luchadoras. También haría falta que las fuerzas sindicales dieran su apoyo a la iniciativa. Si lo anterior se hiciera efectivo, podría surgir una coordinadora estatal capaz de planificar un desarrollo unificado de las luchas y de darle coherencia.
Izquierda Anticapitalista es de la opinión, ya manifestada en múltiples ocasiones, de que para dar a la crisis una salida favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, es preciso trazar un plan de acción coordinado, tanto a escala estatal como europea, para realizar una lucha a medio y a largo plazo e imponer objetivos necesarios y claves como el impago de la deuda ilegítima, la expropiación de la banca y la creación de una banca pública bajo control social, la protección y mejora de los servicios públicos, el fin de los recortes y la derogación de toda la legislación antisocial aprobada en los últimos tiempos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se produzca.


Vídeo Rescatado. Juan Carlos Rojas, secretario de organización de IU Cantabria