"El Gobierno no solo incumple la ley, sino los compromisos de su presidente y, lo que es más grave, los acuerdos adoptados por unanimidad por el Congreso"
Las respuestas políticas a una crisis económica tan profunda no son fáciles, y ningún Gobierno ni opción política tiene soluciones mágicas. Pero hay tres cosas que si son esperables de los Gobiernos y exigibles por los ciudadanos. La primera es que los gobernantes no se empecinen en políticas que el paso del tiempo demuestran ser un fracaso absoluto. Como la que practica el Gobierno español, apostando exclusivamente por duros ajustes del gasto público, especialmente el social, sin crecimiento económico. Una política que ha demostrado ser el camino directo a la recesión crónica, a la destrucción de empleo y al aumento del sufrimiento de la gente.
La segunda es que los ajustes económicos sean equilibrados socialmente en el reparto de los sacrificios y no provoquen más desigualdad y pobreza que la existente antes de la crisis. Este no es desgraciadamente el camino escogido por el Gobierno español, que aplica unas medidas desequilibradas socialmente que no hacen sino agrandar las diferencias sociales.
La segunda es que los ajustes económicos sean equilibrados socialmente en el reparto de los sacrificios y no provoquen más desigualdad y pobreza que la existente antes de la crisis. Este no es desgraciadamente el camino escogido por el Gobierno español, que aplica unas medidas desequilibradas socialmente que no hacen sino agrandar las diferencias sociales.
Y en tercer lugar que los Gobiernos hablen claro y no mientan ni engañen a los ciudadanos.
El PP accedió al Gobierno con un burdo engaño a la ciudadanía y durante 11 meses no ha hecho más que mentirnos y engañarnos. La lista es larga. Comenzó con el decreto ley de finales del 2011 que contenia duros ajustes sociales, continuó con una reforma laboral que debia reducir el desempleo y no ha hecho más que facilitar los despidos y la reducción de salarios e incrementar el paro y llegó al mes de julio con la subida del IVA y la bajada de prestaciones de desempleo. En estos meses se han incrementado las tasas para acceder a derechos y servicios públicos y se anuncian un endurecimeinto en el acceso a la jubilación anticipada.
Todo ello me ha llevado a decirle a la cara del señor Rajoy que cuando habla miente y cuando calla engaña. Algo que, creo, comparten muchos ciudadanos.
MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD
Este viernes el Consejo de Ministros ha sobrepasado todos los límites. Diputados de todos los grupos llevamos meses interpelando a Rajoy y a su Gobierno sobre la subida de las pensiones exigida por la ley. Durante meses, el presidente del Gobierno, los ministros de Economía, Hacienda y Empleo han eludido comprometerse y se han escudado en una velada referencia al cumplimiento de la ley. Ante ello, este diputado, en nombre de ICV-EUiA y del Grupo de la Izquierda Plural, presentó hace semanas una moción en el Congreso de Diputados para exigir el cumplimiento de la ley de Seguridad Social en relación a la revalorización de las pensiones del 2012 y el 2013.
La moción presentada por nuestro grupo, que fue aprobada por unanimidad --es decir, también con los votos del Partido Popular-- no deja lugar a dudas ni interpretaciones. Insta al Gobierno arevalorizar las pensiones del 2012 en la diferencia entre el IPC de noviembre 2012 --se prevé de un 3,5%-- y el incremento a cuenta del 1% de comienzos de año y por tanto a abonar una paga extraordinaria con la diferencia de los 12 meses del presente año. Al mismo tiempo, se insta, como exige la ley de Seguridad Social, a incorporar este diferencial en la nómina de enero del 2013. Preguntados posteriormente los representantes del PP y del Gobierno han manifestado reiteradamente su voluntad de cumplir la ley y la moción aprobada por unanimidad en el Congreso de Diputados.
El acuerdo del Consejo de Ministros, anunciado este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, no solo incumple la ley, sino los compromisos del presidente del Gobierno. Y, lo que es más grave, los acuerdos adoptados por unanimidad por el Congreso.
Todas las políticas son discutibles, pero lo que es insoportable para una sociedad democrática es tener un Gobierno que se ha acostumbrado a mentir y a engañar a la ciudadanía. Es imposible vivir en un país en el que los ciudadanos no pueden fiarse de la palabra de su Gobierno y de su presidente.
Por la dignidad de la sociedad, la ciudadanía debemos echarlos antes que terminen con el Estado social y acaben con la democracia.
El PP-A volvía a señalar en sus enmiendas como máximos "responsables políticos" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También incluía, entre otros, a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. 