El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA registró hoy en el Congreso su enmienda a la totalidad de devolución a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, entre otros motivos, por considerar que el proyecto de ley que marca las cuentas del Estado para el próximo año supone un “arma de destrucción masiva de empleo” y “alimentan la recesión, la pobreza y la exclusión”.
En la rueda de prensa ofrecida en el Congreso por el portavoz y los portavoces adjuntos del Grupo, José Luis Centella, Joan Coscubiela y Chesús Yuste, respectivamente, el diputado de IU ha destacado que esta enmienda a la totalidad “no va sólo contra las cuentas del 2013 sino contra toda la política económica del Gobierno”, razón por la cual buscarán convertir el debate en Pleno de los Presupuestos en “un Debate sobre el estado de la Nación, ante la incomparecencia de Mariano Rajoy” en la Cámara Baja y la negativa a realizar este debate en el presente año.
Para Centella, los PGE significan una “declaración de guerra a las personas” al haberse elaborado claramente “al servicio de la Banca, mientras dejan hundirse a la gente”. Insistió en que estos presupuestos que reflejan los ingresos y gastos públicos para el próximo año “son malos sin paliativos económica y socialmente”.
El parlamentario de Izquierda Unida por Sevilla rechazó que las cuentas “hayan sido elaboradas por Montoro sino por la troika, que es quien gobierna económicamente España y a la que el Ejecutivo obedece felizmente”.
De esta forma, España se ve arrastrada por las mismas medidas que “condenan a los países de la periferia europea a un modelo productivo y de crecimiento que requiere una sociedad en la que primarán los bajos salarios, el desmantelamiento de los servicios públicos y la desaparición de los contrapesos legales al capital financiero y productivo”, en palabras de Joan Coscubiela.
José Luis Centella afirmó también que “existe una alternativa” y que esta pasa por “no dar prioridad a la deuda sino ajustar su pago a las necesidades de la economía y de los españoles; centrar el mayor esfuerzo inversor en crear empleo y apoyar la economía productiva, así como realizar una reforma del sistema fiscal y luchar contra el fraude”.
El portavoz parlamentario de IU valoró que los PGE “incumplen la disposición adicional tercera” de los estatutos de ‘nueva generación’, como el catalán o el andaluz, por lo que deben ser contestadas tanto “desde las instituciones autonómicas como desde la calle” en todo el Estado.
En este sentido, el diputado de la CHA, Chesús Yuste, indicó que nos encontramos ante “un ariete contra el Estado de las autonomías” y que los recortes que se imponen a los gobiernos regionales atacan directamente al Estado del bienestar.
En el texto de la enmienda a la totalidad de IU, ICV-EUiA, CHA –que consta de 11 folios- se denuncia el “rumbo suicida” emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy al “ahondar en los errores económicos y sociales” ya evidenciados por los Presupuestos de 2012.
Se destaca que “más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se producen una media de 517 desahucios al día”.
“A juzgar por estos Presupuestos de 2013 –añade la enmienda-, no parece que estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero prácticamente quebrado”.
También se incluye la idea de que “es hora de plantear la naturaleza de la deuda y la posible ilegitimidad” de un parte de la misma, al objeto de “limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública”.
Entre las propuestas que se detallan está la creación de un impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio y la modificación de la legislación sobre la SICAV, que sólo beneficia a las grandes fortunas para no pagar por su patrimonio.
En la foto (de M. Asenjo) Xesús Yuste (CHA), José Luis Centella (IU) y Joan Coscubiela (ICV-EUiA) registrando la enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados.
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TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCIÓN DEL GRUPO DE IU, ICV-EUiA, CHA AL PROYECTO DE LEY DE PGE 2013
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (Expte. 121/000027).
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 19 de octubre de 2012
Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
La economía española lleva ya tres trimestres consecutivos con datos negativos del Producto Interior Bruto (PIB), reflejando de esa forma la recesión económica que atraviesa. Sin embargo, el Gobierno no sólo no está utilizando todos los mecanismos que tiene disponibles para salir de esta situación sino que por el contrario no cesa en su empeño por presentar medidas que en última instancia sólo consiguen agravar la crisis. El Gobierno está creando las condiciones para sumir a la economía en una Gran Depresión.
En las actuales condiciones de crisis económica, el principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén satisfechas, pero desgraciadamente estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la retórica de la creación de empleo pero empedrados de austeridad y recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y sociales de los ya aprobados para 2012.
En un contexto económico de recesión prolongada como el actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de la caída del consumo de las familias fruto del impacto de las políticas de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y el empleo.
El camino de la austeridad, que reduce la capacidad del Estado para incidir en la creación de empleo, es por lo tanto un rumbo suicida. Por si fuera poco, la falta de voluntad política para luchar eficazmente contra el fraude fiscal, combatiendo no sólo los agujeros internos de la economía sino también aquellos otros que posibilitan el entramado institucional de la actual Unión Europea, se suma al carácter altamente regresivo de las reformas fiscales implantadas por el Gobierno. Un pack de medidas que cuadran en el marco de una estrategia económica y socialmente suicida y que de ningún modo podrán funcionar.
Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba que para el 30% de las empresas españolas el principal problema era la falta de demanda, mientras que para el 22% lo era el acceso a la financiación. A pesar de que dicha encuesta reflejaba que únicamente el 13% de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en un momento de lógica y necesaria protesta social.
La economía española ha disfrutado de un modelo de crecimiento económico insostenible, promovido por los diferentes gobiernos españoles y basado en el endeudamiento de carácter privado y en una importante desigualdad entre rentas. Ahora que dicho modelo está agotado correspondería buscar uno alternativo que priorice la creación de empleo y los servicios públicos, como propone el grupo La Izquierda Plural, pero el Gobierno español ha preferido obedecer felizmente el mandato de la llamada troika. Mandato que condena a los países de la periferia europea a un modelo productivo y de crecimiento que requiere para operar un modelo de sociedad en el que lo que primará serán los bajos salarios, el desmantelamiento de los servicios públicos y la desaparición de los contrapesos legales al capital financiero y productivo.
El Gobierno español y la troika están dinamitando el modelo social español y en su huida hacia delante están destruyendo las bases democráticas sobre las que se sostiene cualquier sociedad desarrollada. Estos presupuestos no hacen sino apuntalar esa estrategia de subordinación hacia el poder económico, empujando la economía hacia la Gran Depresión y condenando a los trabajadores a la precariedad, el hambre y la miseria.
Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6% de la población activa y se producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del Poder Judicial. A juzgar por estos presupuestos de 2013 no parece que estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero prácticamente quebrado.
Con los llamados rescates bancarios el Gobierno está socializando las deudas y las pérdidas de un sistema que ha sido funcional al desarrollo económico promovido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Lo que en su día fueron ganancias a repartir entre accionistas privados y las redes de la oligarquía, vinculada a la construcción y a las entidades financieras, ahora se convierten a golpe de decreto en las pérdidas que han de suscribir todos los trabajadores. Una estafa legal que tiene como fin mantener el poder económico de los responsables de la crisis.
Esta estrategia antisocial del Gobierno se plasma en estos presupuestos en los que se puede comprobar cómo el peso del pago de intereses de la deuda pública sobrepasa por mucho el pago a las prestaciones sociales o incluso al pago de los empleados públicos. El Gobierno consigue de esta forma convertir los restos de lo que fue el casino de los ricos en la palanca más eficaz para desmantelar los servicios públicos y las conquistas sociales de tantas generaciones de trabajadores. Una política de clase social contra la que nuestro grupo parlamentario se situará radicalmente en contra.
Los PGE 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la troika de acuerdo con el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales se encuentran en el Plan Presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 y que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por el Partido Socialista y el Partido Popular, que establece un techo de gasto rígido y la prioridad del pago de la deuda sobre los gastos sociales.
Estamos ante unos presupuestos que atentan contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país.
Son unos presupuestos que reinciden en el fracaso político. Las políticas de recortes y ajustes (reformas y consolidación fiscal en la neolengua del Gobierno) iniciadas por el gobierno del PSOE a partir de mayo de 2010 y continuadas por el gobierno del PP han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española han descendido y se agudiza la recesión. El desempleo sigue aumentando y la prima de riesgo no desciende significativamente.
Unos presupuestos irreales, que alimentan la recesión y generan más paro y pobreza.
En el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE se estima que el PIB en 2013 sólo se reducirá un -0,5% en términos reales. Esta previsión ha sido cuestionada por todo tipo de organismos nacionales e internacionales que aumentan sustancialmente en sus previsiones esa tasa negativa. El Gobierno, sin embargo, justifica su optimismo en la evolución de las exportaciones de bienes y en el turismo. En concreto, fija en el 6% el aumento de las exportaciones y en el -1,5% la disminución de las importaciones.
Pero las previsiones económicas internacionales no avalan ese cálculo ya que nuestros principales clientes se encuentran en una situación de atonía o estancamiento y la evolución del PIB en los países emergentes (China, Rusia, Brasil e India) también se muestra estancada o en descenso.
Por otro lado, el peso de las importaciones de petróleo en nuestra balanza comercial es muy alto y su precio imprevisible y, en nuestro principal rubro de exportación industrial, los automóviles dependen muy estrechamente de piezas y componentes que se importan. Por tanto, en este caso, a mayor exportación mayor importación.
Por todo ello es necesario cuestionar esta vía como mecanismo de recuperación económica. Tanto es así que los propios presupuestos reducen muy notablemente los fondos dedicados a impulsar el turismo y el comercio exterior (el presupuesto del Instituto de Turismo se rebaja en un 15,2% y el del ICEX en un 24,5%).
Los PGE 2013 atribuyen las medidas contra el paro a la mera aplicación de las reformas laboral y financiera. En cuanto a la segunda, no hay ninguna vinculación positiva con la creación de empleo. En todo caso, ésta será negativa por el ajuste en puestos de trabajo que representará la remodelación de las sucursales financieras. Por otra parte, no aparece ninguna vinculación entre la dotación de crédito a familias y empresas por parte de las entidades que no requieren capital público para su saneamiento y las que si lo requieren. Por tanto, no hay ningún dato solvente que justifique que una vez iniciado el proceso de saneamiento volverá el crédito que pueda sostener el crecimiento de la actividad económica.
En cuanto a la reforma laboral, tras siete meses de aplicación, los datos oficiales explican rotundamente que ni se crea empleo -muy al contrario, se destruye- ni aumentan los contratos indefinidos.
El Gobierno estima una destrucción de empleo del 0,2% para 2013 y una ligera disminución de la tasa de desempleo. Estimaciones alejadas de todas las previsiones de organismos nacionales e internacionales. La OCDE sitúa el desempleo en el 25,3% de la población activa y la Comisión Europea en el 25,1%, frente al 24,3% previsto por el Gobierno.
Los parados de larga de duración (más de 1 año en desempleo) son ya el 52,3% del total, 4,5 puntos más que un año antes, y las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento. El paro juvenil entre los menores de 25 años es ya del 53,5%.
Las consecuencias de estos presupuestos son que aumentará la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora también a la infancia.
Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán todavía más nuestra tasa de paro al recortar la inversión pública, sacrificar estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renunciar a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Unos presupuestos al servicio de un cambio de modelo menos sostenible en lo económico y en lo ambiental.
Las inversiones reales del Estado descienden el 15% y el gasto corriente en bienes y servicios lo hace un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor con la consiguiente repercusión sobre la actividad económica y el empleo.
A pesar de que en la política de infraestructuras se haya producido un recorte del 14,8% respecto al año 2012, la apuesta sigue siendo la Alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de cercanías y de media distancia.
Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.
El desmantelamiento de las empresas públicas del transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad.
El transporte y las infraestructuras deben ser, y así lo defenderemos de manera firme y decidida desde la Izquierda Plural, un servicio público de gestión directa que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.
El gasto total en investigación se reduce en un 6,2% frente a los PGE 2012 aprobados. La tijera es más drástica en los capítulos de gasto real, que caen un 11,7%. El descenso desde 2009 alcanza casi el 40%, una caída que ningún sistema puede afrontar sin romperse. Y es que se rompen muchas cosas. Para maquillar los resultados se vuelve a acudir al capítulo de operaciones financieras que supone un 62% del total y que cada vez se ejecuta peor, ya que la mayor parte del presupuesto queda sin gastar.
Como ejemplo palmario, el gasto total en I+D+i respecto al PIB ha disminuido desde el 0,92% en 2009 hasta el 0,56% en 2013, nada menos que un 40%, situación que nos devuelve a 10 años atrás.
De la misma forma, en un contexto de continuo encarecimiento de los costes energéticos, el Gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente sin recursos los programas de gasto que permiten controlar este sector estratégico para la economía. Los recursos para desarrollo energético disminuyen un 95% y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad.
El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria, muy por detrás de las políticas dirigidas a la energía nuclear o de las inversiones en apoyo al sector del carbón. En paralelo, se desploman las transferencias del programa de desarrollo a las comarcas del carbón, que se reducen un 62,5%, y se elimina la dotación presupuestaria para la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Comarcas Mineras del Carbón.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente verá reducido su presupuesto en un 25,4%. Esta disminución supone el desmantelamiento de numerosas políticas que han conformado el sistema agroalimentario durante los últimos años. Una de las partidas más afectadas es la de seguros agrarios de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que supondrá que el Gobierno tendrá menos capacidad de reacción y planificación ante cualquier situación de urgencia. Los agricultores y ganaderos estarán más expuestos a las inclemencias del tiempo y a las crisis sanitarias, riesgo que se verá acentuado por la irresponsable reducción del 30% de la partida para el control y erradicación de las enfermedades animales.
También se deja en una situación de insostenibilidad la renovación generacional del campo, ya que el programa para la incorporación de jóvenes sufre una disminución del 34%, que tendrá un efecto multiplicador al estar cofinanciada al 50% entre la UE, el Gobierno y las comunidades autónomas. Si la aportación del Estado y de la Administración autonómica se reduce, ello impide que pueda llegar a los jóvenes agricultores el total de las ayudas presupuestadas por Bruselas para el periodo 2007-2013.
La reducción en las partidas ambientales del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales, evidenciando que los PGE 2013 no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.
Las actuaciones en agricultura, pesca y alimentación se recortan en un 9,38%. Las tres partidas que más disminuyen en el período 2012-2013 suponen toda una declaración de intenciones: en primer lugar la mutilación casi definitiva del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que disminuye un 31%, que se debe sumar al 85,6% de los anteriores presupuestos, siendo el programa que registra mayor descenso dentro del Ministerio. En segundo lugar, las actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático que no llegarán ni tan sólo a los 50 millones de euros. Y en tercer lugar, el programa de protección y mejora del medio ambiente que cayó un 37% en 2012 y lo hace un 23% más en 2013, afectando especialmente a las transferencias a comunidades autónomas para las políticas de gestión de residuos.
Unos presupuestos que profundizan en el malestar social y que liquidan el sistema público de cooperación internacional para el desarrollo.
Pese a que el Gobierno plantea que más del 63% del gasto no financiero de los presupuestos es gasto social, la realidad es otra bien distinta si no se excluyen para llegar a ese porcentaje los intereses de la deuda pública, que superan los 38.000 millones de euros. El único gasto social que aumenta es el de las pensiones, pero lo hace por la evolución natural del número de pensionistas.
Todavía no sabemos si se garantizará la revalorización de las pensiones del año 2012 en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. Los PGE no contemplan que se abone en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses del año 2012. Y tampoco incorpora este diferencial entre el IPC previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al incremento de las pensiones del año 2013, sumándolo al incremento inicial del 1% previsto en los PGE 2013. En definitiva, este incremento del 1% no queda más que en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las personas pensionistas verán como no se revaloriza su poder adquisitivo, además de tener que asumir en sus maltrechas economías familiares políticas como el repago sanitario y el incremento del IVA.
La congelación de las retribuciones de los empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo.
En un país cuyo principal problema económico y social es el paro, es incomprensible que la política de gasto que más disminuya, y con diferencia, sea la del fomento del empleo, con un descenso del 34,58%. El principal recorte se produce en las transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro, pero también se recortan las transferencias a las comunidades autónomas. Hay que recordar que en 2012 el recorte en políticas activas de empleo (inserción laboral) para las comunidades autónomas fue de 1.735 millones, recorte que supuso que se anunciara el despido de 1.500 promotores de empleo a 31 de julio y de 1.500 orientadores a 31 de diciembre de 2012, desmontando el plan extraordinario de orientación, formación e inserción laboral y dejando desprotegidas a las personas desempleadas.
Detrás de este recorte encontramos la voluntad de privatizar definitivamente la intermediación laboral desmontando cualquier servicio público de ayuda a las personas desempleadas. Esta dogmática estrategia tendrá consecuencias desastrosas para millones de desempleados dada la natural inclinación de la empresa de intermediación privada a concentrarse en la búsqueda de empleo de las personas de más fácil “empleabilidad”, en perjuicio de aquellas con más dificultades en la búsqueda de empleo. Dicho de otra manera, se ignora a los colectivos más débiles como son los parados de larga duración.
Estos presupuestos no sólo condenan a las personas desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse sin ingresos.
El programa que gestiona las prestaciones económicas a los desempleados se ha visto alarmantemente reducido en los PGE 2013, que han recortado un 6,34% el conjunto de las prestaciones por desempleo. Este año se presupuestan 1.807 millones de euros menos en total en prestaciones para las personas desempleadas. Se han rebajado un 3,4% las prestaciones contributivas y un 13,2% las prestaciones asistenciales. Todo ello a pesar de que las previsiones del propio Gobierno son que el desempleo para 2013 sea prácticamente idéntico que en 2012. Sin una disminución del desempleo y con un sensible recorte en prestaciones contributivas y un auténtico hachazo a los subsidios asistenciales por desempleo hay dos opciones: o que se incumplan los presupuestos o que las personas desempleadas vean recortados masivamente sus ayudas dejando a centenares de miles de personas trabajadoras sin ningún tipo de ingresos.
Así, todo parece indicar que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero, cuando caduca el actual programa. Además de ello, se modifican las condiciones para las prestaciones, se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años y el pago del 35% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los desempleados.
El estado del malestar avanza también por las políticas de recorte, repagos y privatizaciones en servicios esenciales como sanidad, educación, servicios sociales o justicia, que paso a paso dejan de ser servicios universales para convertirse en negocio de una minoría negando principios como la igualdad de derechos o la igualdad ante la justicia.
Además, el ajuste impuesto a las comunidades autónomas para alcanzar el 0,7% de déficit, representa en la práctica una mayor reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan (educación, sanidad y dependencia, principalmente). Las comunidades autónomas vendrán obligas a realizar un recorte cercano a los 7.000 millones de euros.
Por último, estos presupuestos para el año 2013 confirman el desmantelamiento de la política de cooperación española al presentar un nuevo descenso del 6,35%, que se suma al brutal recorte de los presupuestos para 2012. En conjunto, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se situará en el 0,20% de la renta nacional bruta, colocando a España a niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos.
La acción humanitaria se ve reducida desde 2011 en un 86%, la ayuda dirigida a las organizaciones no gubernamentales disminuye un 17%, el Fondo de Agua y Saneamiento reduce su volumen en un 80% y el 18,8% de la AOD total corresponde al FONPRODE reembolsable, hecho que demuestra la financiarización de la política de cooperación española y que incumple el compromiso de no superar el 5% del total de la AOD.
También existen importantes contradicciones en la distribución de la AOD en los diferentes ministerios, poniendo en duda los objetivos de lucha contra la pobreza y la orientación de nuestra política de cooperación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas gestiona el 40% de la ayuda española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es quien tiene el mandato específico, tan solo gestiona el 13% del total de la AOD.
Unos presupuestos al servicio de la recentralización del Estado.
Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado.
En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Si se tienen en cuenta los recursos dedicados a sanidad en los PGE 2013, vemos una reducción del 3,1%, fundamentalmente por el descenso de las transferencias a las comunidades autónomas y, en concreto, por la supresión de los créditos del Fondo de cohesión sanitaria destinados a la compensación de servicios prestados a pacientes de otras comunidades. Los fondos de cohesión sanitaria sufren una reducción del 61,1% y las transferencias en el ámbito de la investigación sanitaria en las comunidades disminuyen un 41,3%.
Los fondos finalistas tienen un descenso aproximado de 80 millones, un 11% menos, de los que destacan las reducciones en la Ley de la dependencia, los programas de vivienda, los de agricultura y los de educación no universitaria. En total, sumando las disminuciones de todas las transferencias de las diferentes secciones, las comunidades autónomas tendrán 1.116 millones de euros menos para el desarrollo de políticas concretas.
Otro elemento que caracteriza estos presupuestos es la falta de lealtad institucional.
Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en 2013 debería situarse alrededor de los 719 millones de euros correspondientes a 2010.
Asimismo, y por segundo año consecutivo, se incumple la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, al destinar 262 millones de euros menos de lo que le corresponde de la inversión estatal regionalizada. Este incumplimiento con Andalucía viene a sumarse al de los PGE de 2012, con lo que en el conjunto de los dos presupuestos elaborados por este gobierno del Partido Popular, el déficit de inversiones presupuestadas en Andalucía asciende a 670 millones de euros.
También se incumplen los mecanismos de bilateralidad recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevén el estudio previo de las inversiones estatales en esta Comunidad. De hecho, las inversiones en Aragón se reducen en 2013 en un 30%, el doble que en el conjunto de las comunidades autónomas, resultando especialmente grave el hecho de que, desde el inicio de la crisis, las inversiones del Estado se han desplomado en Aragón en un 75% en los últimos cinco ejercicios.
Todo ello se suma al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas o entes locales, o el impago de las deudas del Estado con otras administraciones. Como ejemplos de esta deslealtad podemos citar la nula inversión en la línea ferroviaria Bobadilla-Ronda-Algeciras, que resulta imprescindible para el futuro del Puerto de Algeciras, y la ridícula inversión de 19 millones de euros en las cercanías ferroviarias de Barcelona, que se acumula al agravio histórico e incumple las cifras pactadas en 2009
Unos presupuestos alternativos creadores de empleo y de actividad económica son posibles y realistas.
Hoy está claro que buena parte del déficit público y del consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de las rentas más altas y las grandes empresas y por el endeudamiento ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.
Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras medidas de austeridad y salvo excepciones, todas las medidas de los Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente a salvar a los Bancos y Cajas y no a propiciar políticas para la salida de la crisis. En los PGE 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos del PIB, de la que el 43% es directamente nueva deuda del rescate bancario y casi otro 19% es deuda a los bancos por pago a proveedores.
Entendemos que es hora de plantear la naturaleza de la deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de la deuda en los presupuestos de 2013 y que limita la posibilidad de recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios sociales.
Según datos del Tesoro, hoy sólo el 34% de la deuda soberana del Estado central está en manos de residentes extranjeros. Esto permite también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago a vencimiento.
En cuanto a las políticas de gasto, es preciso centrarlas en la creación de empleo apoyando a la pequeña empresa y muy especialmente a la economía social, en el estímulo de la inversión pública, y en la defensa y desarrollo de los servicios sociales (educación, salud y dependencia, entre otros).
Un aspecto complementario es la racionalización del gasto público (que no es lo mismo que su disminución), incluyendo mecanismos de control con la participación de los trabajadores del sector público y la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para asegurar la trasparencia y el rigor de la licitación pública, evitar -en su caso- la corrupción y asegurar la eficiencia y el impacto social máximo del gasto público.
Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública.
Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de la Agencia Tributaria un 7,7%, dando cuenta de que no hay voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.
En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25%, la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11,6% de forma que las pequeñas y medianas empresas pagan en la práctica bastante más en proporción sobre sus beneficios que las grandes empresas. Con la finalidad de corregir esta injusta situación proponemos que se eleve hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar otros 20.000 millones de euros.
Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores a los 12.000 millones de euros.
Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la recaudación del tributo.
En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.
En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.
Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.
