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viernes, 31 de agosto de 2012
"De bancos malos y gobiernos terribles", artículo de Alberto Garzón.
Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.
Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.
Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.
Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.
Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia yPortugal.
El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.
El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas cuestiones las expliqué con más detenimiento aquí.
Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.
El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.
¿Qué es un "Banco Malo"?
España y la Unión Europea acuerdan marco para un "Banco Malo"
Pedro Vaquero: Mi testimonio sobre el tema de los EREs
He seguido por internet el desarrollo de la Comisión de los EREs. Algunas cosas me han llamado poderosamente la atención. No las bufonadas del presunto chorizo Guerrero. Eran de esperar. Ni siquiera que los imputados en el ámbito judicial se hayan limitado a leer un comunicado y no hayan respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Era de prever. Pero sí me ha sorprendido que cada alto cargo del gobierno andaluz no imputado que haya tenido la condición de compareciente en la Comisión de los EREs se haya limitado a responder de sus responsabilidades particulares, remitiendo la responsabilidad de la gestión de las ayudas a la dirección general de empleo, pero elude responder sobre la superior responsabilidad que tienen los órganos colectivos sobre las responsabilidades de esa DG.
Ni Vallejo, ni Martin Soler, ni Ávila, ni Aguayo, ni Zarrías, etc. han respondido de lo que no era su estricta competencia. Es lo que han llamado el “principio de competencia”. Como si el gobierno andaluz fuera una yuxtaposición de compartimentos estanco. Por ejemplo: los responsables directos del IFA-IDEA rechazan cualquier responsabilidad de esta agencia a la hora de aprobar el pago de las ayudas. La orden venía de la DG y el IFA-IDEA se limitaba a pagar religiosamente, sin poner para nada en cuestión la ausencia de normativa sobre la que se sustentaba el procedimiento instrumentado por el convenio articulado desde 2001 entre la consejería de empleo y el IFA-IDEA. Ni siquiera cuando el Consejo del IFA-IDEA instó al gobierno andaluz o a la consejería de empleo a habilitar un procedimiento que impidiese la discrecionalidad en la concesión de ayudas, pese a haber recibido de la Intervención General hasta 15 informes de presuntas irregularidades en los expedientes o convenios concretos.
No vale como excusa el “principio de competencia”. Pues el consejo de gobierno también tiene sus competencias, como órgano colegido, y entre ellas está la de responder por la correcta aplicación de dinero público. Y lo cierto es que el consejo de gobierno, -al parecer-, no trató las irregularidades procedimentales en que había incurrido la dirección general de empleo y que había detectado el Interventor General, Manuel Gómez por aquel entonces, como explicó en su comparecencia. Tampoco el consejillo o reunión de viceconsejeros que prepara las reuniones del consejo de gobierno lo introdujo como punto del orden del día.
Los unos por los otros, la casa sin barrer. ¿No se dieron cuenta de que las ayudas caían en un 70% a empresas de determinada zona geográfica de Andalucía (Sierra Norte de Sevilla) y a empresas de gente cercana o afiliada al PSOE? ¿De que se dieron ayudas a ayuntamientos? ¿De que algunos expedientes de convenios eran de escasas tres líneas, y el conjunto de ellos generaba la injusticia de la discrecionalidad en el reparto? ¿De que existían reparos o advertencias de la Intervención General sobre la irregularidad procedimental de las concesiones? ¿De que no existía una normativa respecto al procedimiento de concesión de ayudas o suscripción de convenios de ayudas? Y si se dieron cuenta, ¿por qué durante diez años no se trataron estos extremos en ningún consejo de gobierno o en los consejillos de los viceconsejeros? Ni IFA-IDEA y su consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ni la consejería de Empleo, ni la consejería de Hacienda plantearon las pegas del Interventor General en los órganos colegiados superiores. De esta inhibición se deriva, sin duda, una responsabilidad política al menos, e incluso presuntamente responsabilidades penales. De esto último decidirán los tribunales. Pero de la responsabilidad política debe responder la Comisión de Investigación. Todos esperamos que ésta sea contundente.
La línea defensiva de los intervinientes del PSOE-A ha sido que algunos sinvergüenzas se han saltado el procedimiento para aprovecharse o lucrarse del dinero público ellos mismos o sus amiguetes. Pero tiene razón la oposición del PP y la línea constructiva de IULVCA al recalcar que el problema era que no existía normativa adecuada sobre el procedimiento para evitar el choriceo. El poder absoluto del hegemonismo del PSOE-A (ejercido durante 8 años con el apoyo acomodaticio del PA, no lo olvidemos) en el gobierno andaluz ha permitido la discrecionalidad en el reparto de las ayudas. ¡Qué malas son las mayorías absolutas!
La línea defensiva del PSOE-A salta por los aires desde el momento en que cuando se conocen por los medios de comunicación las irregularidades de los intrusos, el consejero de empleo Recio abre una investigación y crea la norma que debería haber existido desde el 2001. El gobierno andaluz ha hecho una autocensura implícita tanto en dichas actuaciones “de mejora normativa” (como la llaman ellos) como en el hecho mismo de que el presidente Griñán, a partir de mayo de 2012, se ha cargado la mismísima consejería de empleo, incluyendo las competencias de la misma en la antigua consejería de economía, innovación y ciencia.
Si de algo sirve mi modesto testimonio, ahí va.
Antes de que saliera ninguna noticia de intrusos en los medios de comunicación, los miembros del comité de empresa de Mercasevilla me pidieron a mí, como portavoz de empleo del grupo parlamentario de IULVCA que entonces era, que les consiguiese una entrevista con el nuevo consejero de empleo Recio. Así lo hizo, se me concedió, y acudimos dos miembros del comité de empresa (uno de CC.OO. y otro de UGT) y yo. Fuimos recibidos por el consejero Recio y el viceconsejero Mañas. Los trabajadores querían instar a la consejería de empleo a que atendiesen a la reclamación de los prejubilados de Mercasevilla, por entonces acampados en la puerta de la empresa. La consejería había suspendido el pago por el Banco Vitalicio de la póliza del EREs de 2007, que prorrogaba el del 2003. Tanto Recio como Mañas negaron el tracto sucesivo entre el ERE de 2003 y de 2007, y negaban la existencia de compromiso por parte de la consejería en el ERE de 2007. En ese momento, los miembros del comité le sacaron una copia de una orden de pago (“páguese”) a los beneficiarios del ERE de 2007 firmado por el Director General “Javier Guerrero” al Banco Vitalicio. Recio y Mañas, leyendo la copia, afirmaron que ellos no tenían que ver con esa decisión, y que la decisión de Guerrero no vinculaba a la consejería, que la orden del entonces director general, porque no respondía a la existencia de ningún ERE. Domínguez (CC.OO.) le testimonió cómo se había aprobado por el director general lo términos del ERE de 2007, que daba continuidad a las ayudas sociolaborales de los trabajadores prejubilados de Mercasevilla en 2003. Recio siguió ratificando la invalidez de la firma del director general Javier Guerrero.
En ese momento yo le insté a que si el director general había cometido alguna ilegalidad, que lo denunciase ante los tribunales, pero que no negase la validez del compromiso de la Junta surgido de la resolución de quien en ese momento estaba investido de la competencia para comprometer a la Junta en el pago de la correspondiente póliza. Recio siguió negando. A mí me pareció en aquel momento un ejercicio de cinismo por parte del consejero esa actitud de negar lo evidente: la firma de un director general compromete en el ámbito de sus competencias a quien le suceda en el cargo. ¿Por qué Recio actuaba con aparente cinismo? Al cabo de pocos días apareció en la prensa la existencia del primer intruso en el ERE de Mercasevilla. ¡Recio ya conocía las fechorías que había realizado Guerrero! Al menos algunas de ellas. Mi impresión es que para aquel entonces (ante de la aparición en prensa del escándalo de los primeros intrusos, insisto) la depuración de los EREs ya estaba siendo acometida por la nueva consejería de empleo comandada por Recio. Después vino la filtración a la prensa.
Entonces me expliqué por qué Griñán había sustituido a Antonio Fernández como consejero de empleo, uno de los más firmes apoyos de Griñán para sustituir a Chaves como presidente de la Junta (Fernández luego se quejaba amargamente de esta “ingratitud” de Griñán para con él). También me expliqué por qué Griñán se iba distanciando cada vez más de la gestión llevada a cabo durante años por Chaves y Zarrías: Griñán quería “limpiar la era”, “caiga quien caiga”, y le había encargado a Recio el tema. Pero quería hacerlo sin que saltase a la opinión pública el escándalo de los EREs.
Las “prudencias” de Griñán no lograron su objetivo de depurar internamente, sin transparencia, los desaguisados de los EREs. El escándalo saltó a la prensa. ¿Quién le filtró a la prensa los primeros informes de los intrusos? Zoido se adelantó al comité de empresa de Mercasevilla, según creí deducir de los reproches de imprudencia que sus miembros le dirigían al dirigente del PP, de los que fui testigo: le reprochaban no que lo hubiese filtrado a la prensa, sino que se les hubiese adelantado, pues así les arrebataba un arma para presionar a la consejería). Así pues, el desencuentro entre Recio y los trabajadores prejubilados de Mercasevilla es la clave. Una vez destapada la caja de los truenos de los primeros intrusos, y sobre todo después de los enfrentamientos del gobierno andaluz con la mayoría de los funcionarios de la Junta a raíz del decreto sobre reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, fueron surgiendo el resto de los intrusos de otras empresas y las demás irregularidades de las ayudas a las empresas. El PP-A se aprovechó de estos dos conflictos, y contó con la inestimable colaboración de múltiples funcionarios de la Junta, incluido algún que otro ex director general de los primeros tiempos en que el PSOE-A empezó a dirigir la Junta de Andalucía.
Ese es mi testimonio y mi interpretación de la génesis del escándalo de los EREs. Bienvenido el escándalo de los EREs, pues sólo con transparencia se pueden depurar las actuaciones de los gestores del dinero público. Y en la Junta de Andalucía gobernada en solitario por la mayoría absoluta del PSOE-A (o casi, durante una época de presencia en ella del PA), hacía más falta que un cocido esa depuración.
En una cosa tiene razón la izquierda andaluza, tanto el PSOE-A como IULVCA: que el escándalo no debe afectar a la credibilidad que el instrumento de los EREs como tales debe recibir de la opinión púbica, pues son un instrumento válido para salvar a empresas y a trabajadores afectados por la crisis económica o que pasen por malos momentos económicos, más allá de su perversa utilización que hayan hecho de ellos los responsables políticos o sindicales concretos.
Precisamente por la validez de los EREs como tales es por lo que la transparencia en su gestión es tan importante, y por ello es por lo que es preciso que la Comisión de Investigación en curso funcione y aclare a fondo las responsabilidades políticas que hayan existido.
¿Qué valoración me merece la marcha de la Comisión de Investigación de los EREs?
1. La constitución de la Comisión de Investigación es en sí mismo un éxito de la fuerza de la izquierda en Andalucía, e incluso de los demócratas en general, pues todos los que en el pasado hemos luchado porque se constituyera, al final lo hemos logrado, gracias a la necesaria presencia de IULVCA en el gobierno andaluz después de unos resultados electorales que así lo han exigido.
2. Que sea precisamente IULVCA quien la presida deja clara la voluntad por parte del gobierno andaluz de no tapar ningún trapo sucio anterior; pero tampoco de no dejar que la derecha manipule el choriceo y las deficiencias procedimentales intencionadas o no que hubo en el pasado, para avanzar en nombre de Andalucía y de la ética precisamente ellos, que son los genuinos defensores de un sistema –el capitalismo globalizado neoliberal- sin más ética ni principios que los del “sálvese quien pueda” y la beneficiosa ambición del carnicero, del cervecero o del panadero de Adam Smith.
3. Hasta la fecha, el desarrollo de los debates están dejando a las claras quién es quién entre los grupos parlamentarios que preguntan y los altos cargos que responden (mención aparte nos merece la impresionante “sangre fría” con que Zarrías niega haber conocido más allá de lo que se cocía en su consejería, cuando de todos es conocida la omnipresencia que en Andalucía ejerció durante varias legislaturas el todopoderosos Zarrías). En general, no me ha decepcionado el desarrollo de la Comisión de Investigación hasta la fecha. El método más participativo y abierto no puede ser, con la posibilidad de diálogos cruzados y a veces encendidos entre quien preguntaba y quien respondía. Y el seguimiento mediático es garantía de que esta Comisión de Investigación puede servir de catarsis colectiva en Andalucía, que falta hace.
4. La pobreza de respuesta de los comparecientes se debe, entre otras razones, a que ninguno de ellos quiere dejarse pillar los dedos por testimonios que luego podrían incriminarles en la vía judicial; por lo tanto, cabe preguntarse sobre la oportunidad del tiempo en la constitución de la comisión de investigación, pues su coincidencia con la investigación judicial resta posibilidades de eficacia al procedimiento de investigación parlamentaria. Argumento que en ningún caso avala la no existencia de la comisión, sino que debe servir de reflexión para quienes desde el PSOE-A durante más de año y medio se han negado sistemáticamente a constituirla, pese a las reiteradas propuestas de PP-A e IULVCA. Hay que aprender para el futuro: más vale constituir una comisión de investigación a tiempo, que dejar que el pueblo piense que quienes se niegan a ello algo tienen que ocultar, por aquello de que “cuando el río suena…”.
5. Habrá que estar atentos a la resolución final, que no debe defraudar a los deseos de depuración de los hechos que existen en el seno del pueblo andaluz, y cuyo principal reflejo fue el resultado electoral del pasado mes de marzo.
Fuente: El Blog de Pedro Vaquero
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hace serias advertencias al Gobierno sobre la situación en España de estos derechos
Destaca las consecuencias que sus políticas pueden tener en enormes sectores de la población
Si bien la gravedad de la situación económica española y las medidas emprendidas por los sucesivos gobiernos son una de las principales causas del deterioro que sufren los llamados derechos de tercera generación, el informe no ignora un origen estructural más antiguo, apuntando a las deficiencias de un modelo de estado constitucional que no otorga a estos derechos un estatus jurídico equivalente al de los derechos civiles o los políticos. Para el organismo internacional es preocupante que en España estos derechos son tratados desde el punto de vista constitucional y legal como meros principios rectores de la política social y económica, pero nunca como derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos y reclamables directamente por estos ante los tribunales.
El continuo incremento de los niveles de desempleo y el altísimo nivel que estos han alcanzado en nuestro país genera situaciones de riesgo extraordinarias en un contexto de crisis económica, principalmente cuando no existen garantías jurídicas suficientes y las políticas elegidas tienden a rebajar los niveles de protección.
El comité está especialmente preocupado por sectores de la población española históricamente marginados y para los cuales siempre ha sido difícil acceder a los derechos sociales, culturales y económicos. En este contexto de crisis grupos como gitanos e inmigrantes son especialmente vulnerables. El informe dedica un capítulo especial a las detenciones en los centros de internamiento para extranjeros, en la que los inmigrantes sufren hacinamiento y no tienen acceso a asistencia sanitaria, social, legal o médica. Otro de los capítulos dedicados a las situación de los inmigrantes en España se refiere al Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012 por el que se elimina de facto el derecho universal a la asistencia gratuita sanitaria.
De la misma forma, el comité insiste en que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género que no han sido superados en la sociedad española, impidiendo que las mujeres accedan en igualdad de condiciones al derecho al trabajo.
En cuestiones de género se señala también la preocupación creciente por los altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género así como por las negativas consecuencias de los recortes presupuestarios que afectan a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas.
La pobreza, que afecta según los datos aportados por esta agencia de las Naciones Unidas a un 21.8% de la población española también se ha incrementado a consecuencia de la situación económica. El comité recomienda a las autoridades españolas iniciar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza que hasta la fecha, y pese a lo preocupante situación, no ha sido desarrollado.
En materia laboral el informe es muy crítico a cerca de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2011 en un valor que según palabras del propio comité “no permite un nivel de vida digno”.
Los motivos de reproche hacia el gobierno se extienden aún largamente en las páginas del informe, citando entre otras situaciones de desamparo la ínfima capacidad adquisitiva de los pensionistas que en muchos casos no permite niveles de subsistencia mínimos; el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos realizados sin las garantías legales suficientes a consecuencia de los inasumibles costos de acceso a la vivienda; la situación de las personas sin hogar; el acceso al aborto de las mujeres; el acceso a la universidad pública y el aumento de las tasas; o la falta de financiación para proyectos creativos o investigadores.
El Comité acaba finalmente solicitando al Estado Español una amplia difusión de sus observaciones en todos los niveles de la sociedad. El silencio sepulcral que rodea al informe y sus conclusiones así como la inmutable dirección de las políticas del ejecutivo de Mariano Rajoy hacen sospechar que no tienen la menor intención de seguir ni esta ni ninguna otra de las recomendaciones de la agencia internacional, mientras que los derechos de tercera generación que solo someramente habían enraizado en nuestra sociedad, desaparecen sin apenas haber llegado.
Fuente: mundoobrero.es
jueves, 30 de agosto de 2012
Artículo de Alberto Garzón: "Desobediencia civil, Estado de Derecho y la izquierda".
Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y su réplica en Extremadura, han sido fenómenos políticos que han marcado la agenda mediática en las últimas semanas, pero desgraciadamente y por lo general los debates se han limitado a aspectos superficiales de la acción. Con ánimo de descender hacia el fondo teórico de tales acciones el compañero Luis Felip [LF] [2] ha escrito un post en su blog en el que reflexiona sobre el binomio legalidad y legitimidad, trayendo al debate aspectos cruciales de lo que es la estrategia y táctica de la izquierda anticapitalista. El objetivo, a mi entender, es dilucidar si estas acciones son coherentes y consistentes con la acción política de la izquierda y, en concreto, de Izquierda Unida. Mi intención es hacer aquí algunas aportaciones a dicho debate, tratando de justificar que estas acciones son tácticas adecuadas que se inscriben en una estrategia que busca alcanzar una democracia real y un verdadero Estado de Derecho.
La desobediencia civil
Los propios ejecutores de las acciones mencionadas han defendido su proceder basándose en que eran acciones de desobediencia civil, esto es, acciones pacíficas que se sitúan en la frontera externa de la ley. Como nos recuerda LF, “para Rawls, la desobediencia civil significa que, asumiéndose lo fundamental del estado democrático de derecho realmente existente (a pesar de sus imperfecciones), y en especial los principios de justicia que lo rigen, se lleva a cabo una forma de disensión” que se situará en la frontera de la ley por su lado externo.
LF repasa los rasgos propios de una acción de desobediencia civil (entiendo que siguiendo a Fernández Buey), y entre los cuales se encuentra la existencia de una finalidad política, el respeto a las reglas de juego, la aspiración de alto consenso en la población, la aceptación de las consecuencias legales y su naturaleza pública, pedagógica y pacífica. Naturalmente en la historia podemos encontrar muchos ejemplos de acciones que se ajustan a tal descripción, siendo los más citados en estos días las acciones de Gandhi y de Rosa Parks. La acción del SAT podría perfectamente también enmarcarse aquí.
El otro día conversando con Máximo Pradera llegamos a una analogía que a mi entender permite expresar lo anterior con claridad. En el fútbol hay unas acciones que se llaman “faltas tácticas” y que no persiguen ni hacer daño al rival ni negar la necesidad de existencia de un árbitro. Sencillamente son acciones sancionables, es decir, son faltas, pero que buscan un objetivo que va más allá de ese momento en el juego. En el fútbol se realizan para romper el ritmo, para recibir amonestaciones -tarjetas amarillas- que ajusten la estrategia de temporada de un equipo o para otros fines. La acción del SAT, por ejemplo, se enmarca en este tipo de táctica. Dentro de las reglas de juego es una “falta” que no busca hacer daño y para la cual se acepta sus consecuencias legales, pero el objetivo real es una denuncia política sobre un fenómeno (el hambre y falta de democracia económica) y una percepción (leyes injustas, reglas de juego desiguales).
Aceptado lo anterior, la pregunta que debe formularse, a mi entender, es en qué estrategia política se inscriben estos quebrantamientos selectivos de la ley, es decir, qué objetivo se persigue al llevarlos a cabo.
Estado de Derecho y liberalismo
LF nos recuerda que hasta el advenimiento de las revoluciones de la ilustración y la concepción de Estado de Derecho, esto es, del gobierno de las leyes, algunos pensadores como Tomás de Aquino justificaban toda desobediencia a la ley bajo el amparo del derecho natural, la ley de Dios. En dicho contexto institucional -monarquías absolutas- la desobediencia quedaba justificada por concepciones morales derivadas de la religión.
Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración nos traería el concepto de libertad civil, que se resume en las palabras de Kant: “nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el bienestar de los otros hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás“. Sobre este principio nacerían dos conceptos distintos: el de Estado de Derecho y el de Capitalismo. Por un lado el ideal de vivir al margen de las creencias de los demás pero de acuerdo a las leyes y a la Razón, y por otro lado el ideal de permitir que los derechos de propiedad de los medios de producción permitan acrecentar la riqueza individual sin ningún tipo de intervención externa.
Esta es precisamente la tesis de actuales y brillantes filósofos marxistas como Carlos Fernández Liria y Luís Alegre Zahonero [2], quienes denuncian que la ideología dominante pretende hacer creer que Estado de Derecho y Capitalismo son la misma cosa, a la vez que critican las experiencias políticas del llamado socialismo real precisamente por olvidar que el fin más alto del ser humano es el de convertirse en un ciudadano en el marco de un verdadero Estado de Derecho: un Estado de Derecho socialista.
Lo que Liria y Zahonero nos recuerdan es que el ideal del ciudadano de la ilustración y del liberalismo -la defensa de lo expresado por Kant y que se refleja en el “libertad, fraternidad e igualdad” de la Revolución Francesa de 1789; es decir, la utopía liberal- es incompatible con el capitalismo. Bajo el capitalismo el Estado de Derecho se convierte en una mentira, en una apariencia, en una simulación. El ideal de la ilustración aplicada al ámbito económico -el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible- anula el concepto de ciudadano libre. Como asegura Naredo, “la principal contribución de esa utopía liberal al mantenimiento y expansión del capitalismo fue la de permitir la máxima libertad de acción a aquellos que detentaban el poder económico, lavándoles la conciencia de todo escrúpulo para que guiaran su actuación exclusivamente con arreglo a sus intereses más inmediatos de lograr un enriquecimiento rápido” [3]. Bajo el capitalismo los ciudadanos no existen como se espera de ellos en el ideal liberal, sino que únicamente existen trabajadores forzados a ser alquilados por algún poseedor de medios de producción; trabajadores esclavos de su situación de desposeídos.
La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración, llevó por ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus pretensiones reales. Los anarquistas acogieron el término libertario para expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y mujer libre [4]. Noam Chomsky también reclama para sí el concepto original del pensador liberal [5], de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: “los liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que aprovechando su poder económico han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio“. Por estas razones Liria y Zahonero consideran que el proyecto de la Ilustración murió con la ejecución de Robespierre en 1794 y que completar el proyecto de la ilustración sólo puede lograrse con el socialismo, es decir, con la democracia económica y con la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.
No obstante, la ideología dominante, y también las prácticas del llamado socialismo real, han llevado a una impresión generalizada de que las pretensiones comunistas son opuestas al ideal de la ilustración. Nada más lejos de la realidad. Como recuerda Erik Hobsbawm en su magnífico Historia del Siglo XX, “la medalla conmemorativa del Partido Socialdemócrata alemán exhibía en una cara la efigie de Karl Marx y en la otra la estatua de la libertad. Lo que rechazaban era el sistema económico, no el gobierno constitucional y los principios de convivencia“. Por entonces “el movimiento obrero socialista defendía, tanto en la teoría como en la práctica, los valores de la razón, la ciencia, el progreso, la educación y la libertad individual“. Pero fueron las contradicciones propias del sistema económico las que llevaron a tal crisis económica -la Gran Depresión- y a tal conmoción en las masas, por lo general poco o nada instruidas, que el crecimiento de movimientos fascistas permitió derribar las instituciones liberales y sumir a la humanidad en la fatídica II Guerra Mundial.
En definitiva, el Estado de Derecho y la democracia que tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma forma que no existe una democracia real -porque la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre el poder económico- tampoco existe un Estado de Derecho real. Y es a partir de este punto argumental donde yo entiendo que puede conectarse toda la tradición del marxismo y socialismo clásico (Marx, Engels, Bakunin, etc.) con los movimientos sociales actuales (decrecimiento, democracia real ya, etc.). No se trata de superar el Estado de Derecho por algo “mejor” sino precisamente de alcanzarlo, para lo cual es necesario superar el capitalismo.
La estrategia de la izquierda
Si no vivimos en una democracia real y si no estamos en un Estado de Derecho real, entonces ¿cómo lo alcanzamos? LF apunta algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y que es consistente con la exposición anterior: “la desobediencia civil sólo se concibe como una más de las herramientas de una estrategia reformista (junto con las acciones legales y su participación en las instituciones) que, no siendo incompatible con la voluntad de transformación radical de la sociedad, marca profundamente el sentido de esta voluntad al concebir la revolución como un proceso dilatado en el tiempo, y no como un hecho puntual, que además pasa a través de las instituciones y asume las reglas del juego para dotarse de la legitimidad democrática que haga posible la acumulación de fuerzas y de hegemonía ideológica“.
Engels apuntaba lo mismo cuando afirmó que otra herramienta era igualmente fundamental: “el trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí como la tarea inmediata del partido” [6]. Asimismo, Engels apuntaba que “con la agitación electoral se nos ha suministrado un medio único para entrar en contacto con las masas del pueblo allí donde todavía están lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a defender ante el pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y, además, abrió a nuestros representantes en el parlamento una tribuna desde lo alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las masas fuera de ella con una autoridad y una libertad muy distintas de las que se tienen en la prensa y los mítines“.
En definitiva, la estrategia de una izquierda que quiere alcanzar la democracia real y el Estado de Derecho real y que quiere ser “capaz de movilizar y orientar un bloque social amplio, y capaz de hegemonizar la lucha ideológica, ha de situar en primer plano la contradicción entre democracia y capitalismo” [LF]. Además, esta tarea ha de hacerla tanto en la práctica como en en el discurso. Efectivamente, y como no se cansa en recordar el compañero y profesor Pablo Iglesias [7] la izquierda tiene que hablar con los conceptos que entiende la gente, aquellos que están en su estructura mental y que no son otros que los que ha insertado la ideología dominante. La ideología, no lo olvidemos, se encarna en las costumbres, los modos de vida, la percepción de lo que está bien y mal.
Dicho todo lo cual, no puede negarse que los actos de desobediencia civil son un golpe extraordinario a esa misma ideología dominante. Son un impacto en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el mundo. Son actos que explicados de forma pedagógica son fácilmente comprensibles y sirven para desactivar la hegemonía de la ideología dominante. Son actos coherentes, consistentes con el proyecto de la Ilustración y desde luego con la estrategia socialista. Lo que las acciones del SAT han dicho ha sido sencillamente lo siguiente: “olvídese usted de las instituciones que tiene asumidas en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etc.) y piense si es justo que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su ideología y, en consecuencia, el apoyo pasivo que está haciendo al sistema económico que no nos permite ser libres”. Actos de desobediencia civil, pacíficos y dirigidos por el ideal de la ilustración, son en realidad la mejor forma de luchar en el campo ideológico y de alcanzar la hegemonía gramsciana. Han de extenderse.
NOTAS:
[1] Luis Felip, además de amigo, es licenciado en Filosofía y responsable de formación del Partido Comunista de Málaga Ciudad.
[2] Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L. (2011): El orden de El Capital. Editorial Akal.
[3] Naredo, J.M. (2003): La economía en evolución
[4] Escribía Déjacque en 1851 que “Le Libertaire no tiene más patria que la patria universal. Es enemigo de los límites: límites-fronteras de las naciones, propiedad de Estado; límites-fronteras de los campos, de las casas, de las fábricas, propiedad particular; límites-fronteras de la familia, propiedad marital y paternal. Para él, la humanidad es un solo y mismo cuerpo en el cual todos los miembros tienen un mismo e igual derecho a su libre y completo desarrollo, sean los hijos de este o del otro continente, pertenezcan a uno o a otro sexo, a tal o cual raza”.
[5] Chomsky, N. (2005): El gobierno en el futuro. Editorial Anagrama.
[6] Engels, F. (1895): Prefacio a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Disponible en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
[7] Iglesias, P. (2012): La izquierda ha de dirigirse a la gente común. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153781
Fuente: agarzon.net
miércoles, 29 de agosto de 2012
Alberto Garzón: "Lo decíamos ayer y algunos se intentaban mofar de la cifra. El CGPJ confirma que hay 517 desahucios diarios en España".
Los desahucios de viviendas y locales se han disparado durante el primer trimestre de este año en España, cuando alcanzaron la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La coordinadora de la PAH, Ada Colau, ha explicado que, según los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del primer trimestre de este año que acaba de publicar el CGPJ, en ese período se han producido en España un total de 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, es decir, 517 al día.
Según Colau, este año destaca “de forma alarmante” el apartado de los lanzamientos (término técnico para nombrar los desalojos forzosos de viviendas y locales). Así, los datos de lanzamientos realizados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, el primer trimestre de 2012 marcó un nuevo registro histórico con 18.424 lanzamientos, y el número total desde 2008 ya asciende a 185.140.
Colau asegura que, sin embargo, “estas cifras no reflejan una imagen completa del total de desalojos que se realizan en el Estado español porque hasta ahora no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones”.
Al contabilizarse estos desahucios, “el resultado es escandaloso”, según Colau, ya que sólo en el primer trimestre de 2012 los lanzamientos que hasta ahora no se contabilizaban son muy superiores a los comunes: 28.135. “¿Cuantos desalojos se han realizado hasta 2011 sin que se hayan publicado los datos?”, se ha preguntado la coordinadora de la PAH.
Ada Colau ha argumentado que “si entre 2008 y 2011 teníamos conocimiento de 166.000 desalojos contando sólo con los datos de los servicios comunes, y a tenor de la proporción de los lanzamientos en juzgados de primera instancia de 2012, hay que suponer que desde 2008 se pueden haber producido cerca de 400.000 desalojos en España”.
Según los mismos datos, en los tres primeros meses del año, el número de ejecuciones hipotecarias (procesos de reclamación que pueden acabar en desahucios) iniciadas ascienden a 24.792, el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. “Estos datos desmienten las voces interesadas que decían que las ejecuciones estaban disminuyendo”, ha denunciado Colau.
En total, el número de procedimientos de ejecución iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias en España. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procesos iniciados para reclamar impagos), la clasificación entre 2007 y 2012 la encabeza Andalucía (72.900) seguida por Cataluña (70.663) y la Comunidad Valenciana (69.951).
Cayo Lara: "El Jefe del Estado pidió en Marzo a los mayores empresarios que arrimaran el hombro para crear empleo. Resultado:" Los beneficios ganan terreno a los salarios en la riqueza nacional.
Cayo Lara: El Jefe del Estado pidió en Marzo a los mayores empresarios que arrimaran el hombro para crear empleo. Resultado:
Los beneficios ganan terreno a los salarios en la riqueza nacional
- La remuneración de los asalariados descendió un 3,9% en el segundo trimestre.
- Gran parte de la caída de las remuneraciones salariales se debe al desplome del empleo.
- El excedente bruto de explotación subió casi tres veces más que el salario medio.
En medio de la crisis, las rentas empresariales están mostrando más resistencia y avanzan más deprisa que los salarios, que pierden peso en la tarta de la riqueza nacional. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, correspondientes al periodo abril-junio parados, muestran una caída del conjunto de las retribuciones de los asalariados, mientras que el excedente bruto de explotación (el beneficio empresarial, fundamentalmente) mantiene un crecimiento apreciable.
En concreto, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística, la remuneración de los asalariados descendió un 3,9% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado. Supone una aceleración notable en el ritmo de caída de las rentas salariales, que en los trimestres precedentes mostró unas tasas negativas del 2,5% y del 1,3%.
Los impuestos representan un 7,6% en el reparto de la tarta del PIB
Según explica el INE, gran parte de la caída de las remuneraciones salariales se debe al desplome del empleo: el número de asalariados retrocede un 5,1% respecto al año pasado. También se debe a la desaceleración de la remuneración media por trabajador, que crece apenas un 1,3%, dos décimas menos que en el trimestre precedente.
En cambio, el excedente bruto de explotación (intereses del capital, dividendos y rentas distribuidas por las empresas, así como el ahorro empresarial, esto es, los beneficios no distribuidos) aumenta en el segundo trimestre a una tasa casi tres veces superior a la del salario medio: un 3,4%, apenas dos décimas menos que en el primer trimestre.
Los beneficios empresariales vienen comiéndole el terreno a los salarios en la riqueza nacional. A pesar de la crisis, el excedente de las empresas ha seguido creciendo, mientras las remuneraciones de los asalariados han anotado un descenso tras otro. Así, los salarios suponen ahora el 46,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español, mientras que las rentas de las empresas ya suponen el 45,7%. Esto es, apenas un punto de diferencia, cuando el margen entre ambas rentas se había venido situando, de media, en unos seis puntos.
El trozo restante en el reparto de la tarta de la riqueza nacional lo ocupan los impuestos. Representan el 7,6% del PIB, cuando su peso venía siendo cercano al 10%. El desplome de la recaudación fiscal por la recesión explica esta diferencia.
Fuente: publico.es
martes, 28 de agosto de 2012
Los diputados de la #IzquierdaPlural abandonan la Diputación Permanente del Congreso. Para el Gobierno del PP el parlamento es un lastre. Limitan el espacio para voces críticas y niegan las comparecencias de ministros.
Hoy, en el Congreso...
28 de Agosto de 2012
- 11:00Diputación Permanente (Sesión número:4)
Ver orden del día.
Joan Coscubiela planta la reunión de la Diputación permanente del Congreso por la actitud del PP en las votaciones
El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados denuncia que el portavoz del PP, Fernando Alonso, anuncia la votación contraria a todos los puntos antes de escuchar las intervenciones del resto de grupos
El diputado y portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha abandonado hoy la reunión de la Diputación permanente que el Congreso de los Diputados ha celebrado esta mañana a petición de diferentes grupos. Coscubiela debía intervenir en la defensa de la petición de comparecencia de la ministra de trabajo, Fátima Báñez, para poder discutir una evaluación de los objetivos no alcanzados seis meses después de la aprobación de la reforma laboral y la petición de comparecencia también de la Ministra de trabajo para informar de las modificaciones del plan PREPARA que el Gobierno del PP ha hecho.
Coscubiela, acompañado de los demás diputados del grupo del Izquierda Plural que estaban presentes en la reunión, ha abandonado antes de su finalización la reunión de la comisión parlamentaria. En este sentido, el portavoz ecosocialista en el Congreso, denunció a través de su cuenta de twitter que la causa principal de esta plante ha sido "la actitud del PP" y del portavoz popular, Fernando Alonso, que ha anunciado a la prensa el voto negativo a todas y cada una de las peticiones de comparecencia que había en el orden del día antes de la celebración de la diputación y antes de escuchar las intervenciones de los grupos demandantes.
"El PP tiene derecho a votar en contra de todas las comparecencias pero no anunciarlo a la prensa antes de escuchar las propuestas. Abandonamos la Diputación permanente", ha hecho saber Coscubiela a través de su cuenta de twitter en las redes sociales.
COMPARECENCIA DE FÁTIMA BÁÑEZ PARA EVALUACIÓN DE SEIS MESES DE LA REFORMA LABORAL
El portavoz ecosocialista sí que ha tenido oportunidad de defender el primero de los puntos donde tenía turno de palabra. De esta manera ha puesto de relieve la necesidad de tener una comparecencia de la ministra de trabajo, Fátima Báñez, para poder hacer una valoración de la evolución de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP seis meses después de su entrada en vigor . "Han pasado seis meses desde de la entrada en vigor de la reforma y los peor presagios se han confirmado", dijo Coscubiela indicó que ninguno de los "pronósticos, ni deseos, ni coartadas, ni excusas ni manipulaciones que el Gobierno hizo para aprobar la reforma laboral se ha cumplido ", en referencia a la creación de empleo ya la necesidad de la flexibilización de la legislación que regula el mercado laboral.
Coscubiela recordó lo que dijo ICV-EUiA en el momento de la aprobación de la reforma laboral por parte del PP. "Como algunos advirtieron ha convertido en un mecanismo de incentivación de la destrucción de empleo", dijo Coscubiela que ha asegurado que este hecho "estaba en los genes de esta reforma". "Esto es lo que hay que discutir y cuanto antes mejor", ha añadido el diputado ecosocialista en el Congreso que quiere saber "la respuesta de la ministra con respecto a los objetivos de la reforma laboral y qué explicaciones tiene porque los objetivos no se hayan cumplido ".
Coscubiela ha acusado a Báñez de usar la "Mourinyista" del Gobierno del PP para dar siempre la culpa a los demás de lo que pasa bajo su responsabilidad sectorial con respecto al empleo. "No seré yo quien diga que desde el ministerio de trabajo tengan que salir los instrumentos para crear empleo pero tampoco de la destrucción", dijo Coscubiela que ha pedido un cambio de actitud en el ministerio de Fátima Báñez en la comisión del Congreso y que venga a información a priori y no a posteriori de las políticas activas de su departamento.
Fuente: iniciativa.cat
IU e ICV abandonan la Diputación del Congreso para "no ser cómplices de una farsa" tras adelantar Alonso (PP) a la prensa que rechazarían todas las comparecencias
Los diputados de Izquierda Unida Cayo Lara, José Luis Centella y Gaspar Llamazares, junto al parlamentario de ICV, Joan Coscubiela, pertenecientes al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, decidieron abandonar alrededor de las 14,00 h. la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, tras tres horas de debate, para “no ser cómplices de una farsa”, tal y como explicó Centella aprovechando su turno de intervención en el seno de la misma.
Los diputados tomaron esa decisión tras conocer que minutos antes, en una rueda de prensa fuera de la sala de reunión, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, había explicado a los periodistas que su grupo iba a rechazar todas y cada una de las 31 peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, de cerca de una decena de ministros y de otros altos cargos del Gobierno, formuladas por los grupos de la oposición. Éstas se habían empezado a debatir a las 11,00 h. y cuando Alonso adelantó su voto en contra de todas la peticiones aún quedaban varias horas de reunión para que tanto IU-ICV como el resto de formaciones pudieran argumentar sus razones para solicitar la presencia en la Cámara en agosto de esa amplia nómina de miembros del Gobierno.
José Luis Centella, portavoz del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, ya había avisado de que retrasar hasta hoy la celebración de la Diputación Permanente había supuesto “perder todo el mes de agosto, un lujo que España no se puede permitir”, más habiendo conocido que el PP había explicado fuera de la misma que pensaba tumbar todas las peticiones de comparecencia para que ningún ministro tuviera que acudir en los próximos días al Congreso y dejarlo para bien entrado septiembre, aún sin escuchar los motivos de la oposición para plantearlas. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, adelantó el diputado de IU.
Dicho y hecho. Minutos después, Centella aprovechó su turno de intervención en la Diputación Permanente para defender su petición registrada a principios de agosto para que acudiera al Congreso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al objeto de informar de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 31 de julio. El diputado de IU por Sevilla anunció públicamente al presidente de la Cámara Baja el plante de su grupo parlamentario y reprochó a los ‘populares’ haber convertido en “una pantomima” la reunión de la Diputación y de “romper las reglas de juego democráticas”.
“¿Qué pintamos aquí si ya el PP ha anunciado lo que va hacer y ha convertido esta Diputación Permanente en una mera farsa? No vamos a explicar más argumentos que al PP no le interesa oír”, sentenció José Luis Centella.
A partir de ahí, los diputados de IU y de ICV se han levantado de sus escaños y abandonado la sala para dirigirse a trabajar a sus despachos, renunciando a intervenir en el resto de puntos pendientes del orden del día.
Fuente: izquierda-unida.es
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