El sistema financiero es, en teoría, el conjunto de entidades que velan para que el ahorro de los sujetos económicos (empresas, Estados e individuos) pueda ser utilizado por aquellos otros sujetos económicos que deseen consumir o invertir. De ahí que hagan una labor de intermediación, por la cual evidentemente se cobra una comisión. El sistema financiero puede ser muy simple o muy complejo, dependiendo del grado de desarrollo, pero siempre se basa en la lógica de la rentabilidad. Ello quiere decir que el dinero siempre se mueve hacia donde es más rentable invertirlo.
Las entidades participantes en el sistema financiero (fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, cajas, cooperativas de crédito, etc.) pueden ser, como cualquier entidad económica, tanto de naturaleza pública como de naturaleza privada. En el caso de ser entidades privadas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas privados. En el caso de ser entidades públicas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas públicos -el Estado-. Decir lo anterior parece una tontería, pero es muy importante.
Los propietarios de cualquier empresa (los accionistas en el caso de las grandes entidades) son los que mandan. Son los que deciden quién dirige la empresa (ponen y quitan a los directivos) y son quienes presionan para que la rentabilidad sea mayor o menor (
de modo que condicionan las políticas estratégicas de las entidades). En el caso de entidades privadas la designación de la junta directiva se toma por la vía de la correlación de fuerza en la junta de accionistas. Si una gran fortuna tiene el 90% de las acciones de un banco privado, por ejemplo, es obvio que decidirá sin problemas quién es el presidente y la mayoría de consejeros. En el caso público, sin embargo, esas decisiones se toman a partir de criterios políticos que hay que definir.
Y hay muchos tipos de criterios diferentes. Voy a poner tres ejemplos posibles. En el primero, un consejo de dirección elegido por el partido dominante en el poder. Es obvio que estamos ante un riesgo de enchufismo y utilización partidista de las entidades públicas. En el segundo, un consejo de dirección elegido a partir de una ponderación definida de actores sociales (sindicatos, partidos, trabajadores, etc.), que era el modelo dominante en las cajas de ahorro. También hay espacio para la utilización partidista y en favor de las oligarquías provinciales (
como explicamos aquí). En el tercero, un consejo de dirección elegido por el parlamento pero que esté compuesto por técnicos o personas con las manos atadas a partir de unos criterios muy delimitados de gestión. Un funcionamiento parecido al del BCE, por ejemplo. En este caso el problema pasa a ser el tipo de criterios para la gestión. Como se puede observar, diferentes opciones, combinables, que determinarán la eficacia y eficiencia de la entidad. Más allá de la naturaleza de su propiedad.
La diferencia fundamental entre una entidad privada y otra pública, más allá del mencionado control de la entidad, es la legitimidad de la apropiación de los beneficios. En el caso privado los beneficios son repartidos entre los accionistas (o por lo menos distribuidos de acuerdo a sus preferencias) y en el caso público es el Estado quien los ingresa para fortalecer sus presupuestos generales (o cualquier otra opción que considere).
La especulación financiera
A nivel internacional la banca privada no ha realizado las funciones que le correspondía como intermediario financiero porque ha preferido especular en los mercados financieros que prestar a las empresas de la economía real. En el caso español esto no ha sido tanto así, porque su especulación se realizaba, precisamente, en la economía real. A la banca y las cajas de ahorro les salía más rentable prestar a empresas constructoras e inmobiliarias que a cualquier pequeña y mediana empresa. Y como dijimos anteriormente, la lógica financiera es mover el dinero hacia donde es más rentable. También, por supuesto, la banca y las cajas especulaban en los mercados financieros con el uso de derivados y otros productos financieros que durante el boom financiero proporcionaron ingentes beneficios.
La clave está, por lo tanto, no en la propiedad de la empresa sino en el modelo de gestión. Los bancos operan bajo el criterio financiero, su lógica, de modo que es normal que especularan en el mercado financiero internacional y en la construcción. Las cajas, en cambio, no tenían esa presión del mercado y si actuaron así fue debido a otros motivos (
ya descritos en este artículo).
Quiere decir esto que si, por ejemplo, Bankia es completamente nacionalizada, no hay nada que asegure que se comportará de forma diferente a como se ha comportado de forma privada. Los mecanismos que pueden garantizar un comportamiento diferente han de ser aprobados con respecto a la forma de gestión.
Lo que necesita nuestra economía ahora es financiar la economía real -si bien no es ni de lejos el principal problema- y el dinero del sistema financiero no está fluyendo porque el flujo de crédito que llega del BCE se está destinando a la especulación con mercados de deuda pública o para esperar una tormenta (la aceptación de pérdidas).
El caso de Bankia y el banco malo
Durante el boom inmobiliario y financiero, cajas y bancos hicieron extraordinarios beneficios. En el caso de las entidades privadas se repartieron entre los accionistas y en el caso de las cajas se destinaron a la Obra Social y a impresionantes y aberrantes remuneraciones para sus directivos. Pero esos beneficios crecían gracias a la burbuja, de modo que al estallar esta todo cambió.
Lo que cambió fue su balance contable. Lo que estaba contabilizado como activos era suelo, viviendas y préstamos que tras la crisis nunca volverían a tener ese valor. Así pues, el suelo valorado en 1 millón de euros probablemente no valga ahora ni 0’2 millones de euros. La diferencia es lo que se considera una pérdida a declarar o un activo tóxico. Sin embargo las deudas, y pasivo contable en general, siguen valiendo lo mismo. En realidad las entidades están descapitalizadas, como se dice en la jerga de los economistas. Los bancos no reconocen sus pérdidas o sus activos tóxicos, porque si lo hacen tendrán que reconocer una quiebra técnica y el sistema se viene abajo.
En este punto los gobiernos salen a rescatar al sistema financiero. Inyectan liquidez y aprueban formas de ayuda para facilitar que bancos y cajas superen sus problemas (
ver aquí una explicación de todos los tipos de ayuda). El objetivo de los gobiernos es dar tiempo a los bancos para que puedan hacer beneficios suficientes con los que compensar las pérdidas. Claro, casualidades de la vida esos beneficios se extraen de la llamada explotación financiera a las familias (cobro de comisiones, etc.) o del arbitraje con la deuda pública (me prestas al 1% y te presto al 5%, de modo que gano un 4%).
Cuando todo eso ha fallado, por lento e ineficaz, vienen las nacionalizaciones. Que quiere decir que el Estado se hace cargo directa y claramente. Pero hay varias formas. Está la nacionalización parcial, que es asumir sólo parte de la propiedad (y por lo tanto la parte proporcional de activo y pasivo). Está también la nacionalización total, que es asumir la totalidad de la empresa (todo el activo y el pasivo). Y finalmente está el miserable banco malo (
para más detalle véase este artículo), que singifica asumir única y exclusivamente activo seleccionado, es decir, el activo más malo que exista. Por ejemplo, el suelo de 1 millón de euros del que hablábamos antes y del cual decíamos que ya no valía ni 0’2 millones.
El truco está en que el Estado compra a la entidad el suelo por 1 millón de euros, y luego es el Estado quien intenta venderlo o reconoce la pérdida de valor. De modo que se trata de la forma más fascinante y terrible de socializar pérdidas.
Las cajas de ahorro encharcadas con la basura de la burbuja inmobiliaria tuvieron que fusionarse para intentar sobrevivir. De siete de ellas nació Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que asumió todos los activos (buenos -por ejemplo acciones de Iberia- y malos -por ejemplo suelo-). Después, la empresa separó los activos y pasivos más buenos del resto y con ellos formó Bankia. Bankia salió a Bolsa, de modo que muchos inversores privados pudieron convertirse en propietarios (además, comprando a precio de saldo). Para ver toda la historia
recomiendo esta lectura.
Eso significa que en BFA quedaron los activos y pasivos más malos, incluída la ayuda del Estado a través del FROB. Esto quiere decir que BFA tiene en su balance una gran cantidad de activos tóxicos -activos que no valen casi nada respecto a lo que dicen contablemente que valen- y además acciones de Bankia. Si BFA reconociera esas pérdidas, tendríamos una quiebra inmensa. Por eso hace falta tapar el agujero con dinero, y dado que el capital privado no está dispuesto… es obvio que sólo queda el capital público, esto es, el dinero de todos nosotros.
La nacionalización de BFA, y a falta de conocer el documento completo, no implica controlar Bankia. Aunque BFA es accionista de Bankia, el Estado puede comprar sólo una parte de BFA para que al final no llegue a controlar el 50% de Bankia. Eso sí, el dinero público se va a utilizar de todas formas para tapar agujeros.
El sistema financiero está de resaca. Dejar quebrar las entidades es una catástrofe como se comprobó con Lehman Brothers en EEUU. Así que hay que poner dinero público. La pregunta es ¿cómo y para qué?
El cómo ya lo respondimos ayer: nacionalizando la totalidad de las entidades afectadas. Nada de quedarnos sólo con la basura financiera y dejar los activos buenos a los accionistas privados. Eso es socializar pérdidas y privatizar ganancias, es una política de clase social alta -propia del PP- y no es admisible. Lo que hay que hacer es asumir toda la entidad; al completo.
Nacionalizando la totalidad de BFA y Bankia, por ejemplo, el Estado recupera instrumentos muy útiles para salir de la crisis. Por ejemplo, recupera participación en empresas industriales -como Iberia- y adquiere activos inmobiliarios que puede utilizar para crear un stock de viviendas públicas de alquiler barato (comenzando a resolver así el problema de la vivienda en España). Además, establece un polo fuerte de presión pública sobre las entidades privadas y puede ser utilizada para competir con éstas.
Obviamente eso requiere establecer y definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro. Es decir, necesitamos establecer unos criterios sociales y de financiación de la economía productiva que sean eficaces para poner en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.
¿El problema? Que incluso aunque el sistema financiero sea público, no podrá mantenerse vivo si la economía no crece. El sistema financiero no crece en el aire sino que se alimenta de los ingresos que genera la actividad económica. Ni el Estado, ni las empresas ni las familias devuelven los préstamos si no reciben ingresos adecuadamente. De modo que el sistema financiero está condenado a ser un cáncer mientras a) sea privado y b) no crezca la economía.
Por eso incluso la nacionalización de la banca es insuficiente para salir de la crisis. Debe ser una medida imprescindible en un pack mucho más importante de reactivación económica que, entre otras medidas, conlleve medidas de redistribución de la renta y de la riqueza.
